INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa aprobación en el Senado de la Nación de la ley que reduce la edad de imputabilidad a 14 años dejó en evidencia la fractura política entre los representantes sanjuaninos en la Cámara alta. El único voto afirmativo por la provincia fue el del senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera, quien respaldó la iniciativa impulsada por el oficialismo nacional.
En contraste, los senadores peronistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez votaron en contra, alineándose con el bloque kirchnerista que cuestionó el enfoque de la reforma.
La nueva norma establece un régimen penal juvenil específico y fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves. Tras la sesión, Olivera celebró públicamente la sanción y la definió como “un paso necesario para ordenar el sistema y dar respuestas a las víctimas”.
El legislador libertario sostuvo que la ley no implica una persecución indiscriminada de menores, sino la creación de un marco jurídico claro frente a situaciones de extrema gravedad. “No se trata de perseguir menores, sino de que haya responsabilidad cuando se cometen delitos graves”, expresó. En sus redes sociales agregó que acompañó la iniciativa “convencido de que la ley debe proteger a los ciudadanos y no dejar zonas grises”.
Desde el peronismo, en cambio, las críticas se centraron en el carácter punitivo de la reforma. Uñac y Giménez compartieron la postura de su espacio político, que advirtió sobre posibles cuestionamientos constitucionales y la falta de previsiones presupuestarias para implementar adecuadamente el nuevo régimen. También plantearon que el debate debería haberse dado en conjunto con políticas integrales de contención social y prevención del delito juvenil.
La votación dejó un mapa claro: San Juan no tuvo una posición unificada ante una de las reformas penales más debatidas de los últimos años. Mientras Olivera se alineó con el Gobierno nacional en una agenda centrada en el endurecimiento de normas penales, los senadores justicialistas priorizaron un enfoque crítico frente a lo que consideran un giro hacia mayores niveles de punición.
Más allá de la discusión jurídica, el resultado proyecta la polarización que atraviesa la política nacional y que también se replica en la representación sanjuanina. Con la ley ya sancionada, el foco ahora estará puesto en su implementación y en el impacto que tendrá en el sistema judicial y en las provincias.
Para Olivera, la señal es clara: el Estado debe dar respuestas firmes frente al delito. Para Uñac y Giménez, la prioridad debería estar en políticas preventivas antes que en bajar la edad punible. La grieta quedó plasmada en el tablero electrónico del Senado y también en la política local.
(HUARPE)
