INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRUsuarios y Consumidores Unidos (UCU) es una asociación civil con sede en Buenos Aires que actúa en todo el país y, al recibir una serie de reclamos, puso la mira en el Banco San Juan. Así, le metió una demanda colectiva por descuentos indebidos de primas de seguros a los clientes, entre los que se encuentran jubilados. De esa forma, el apoderado de la entidad, Diego González Vila, solicitó el cese del cobro, el reintegro de las sumas debitadas con intereses y que se le aplique una condena “genérica de responsabilidad” para que cada uno de los damnificados, luego, exija la indemnización por los daños sufridos.
No es lo único, ya que el profesional también pidió que se le aplique al banco una multa por daño punitivo para que se reparta entre los perjudicados. De acuerdo a su planteo, solicitó una sanción equivalente a 2.100 Canastas Básicas Total (CBT) que difunde el INDEC, para un hogar denominado Tipo 3, que es el máximo contemplado en la Ley Nacional de Defensa al Consumidor. En febrero, ese tipo de canasta, para tres integrantes, se encuentra en 1.112.710 pesos, por lo que, si le hiciesen lugar a su reclamo, el monto total ascendería a 2.336.691.000 pesos.
Si bien son 14 las personas ofrecidas como casos testigos, González Vila indicó que el banco, en su contestación de demanda, informó que tiene 86.412 clientes con algún tipo de seguro que brindan las compañías Sancor y Qualia. De ese total, hay personas que contrataron voluntariamente sus seguros, pero hay otras, como las acudieron a la asociación, que se encuentran bajo esta modalidad “abusiva”.
Ese número final será clave, ya que, en caso de recaer una sentencia favorable, aquellos que se hubiesen visto perjudicados no solo recuperarían lo descontado, sino que pueden iniciar acciones por los daños sufridos. Sumado a lo que eventualmente se distribuya por la multa por daño punitivo. Eso sí. Todo esto se producirá una vez que haya un fallo que les dé la razón a los clientes y que quede firme.
El abogado González Vila explicó que, “en el trabajo de campo que hace la asociación, desde hace aproximadamente unos cinco años, venimos recibiendo reclamos de personas que han sido damnificadas por una presunta práctica ilegal. Esta consiste en el descuento, en la cuenta sueldo o en la cual cobran las jubilaciones, de seguros que no habrían solicitado. En el caso de que sí lo hubiesen hecho, estas personas nunca han recibido la póliza ni el certificado de cobertura”.
Por eso, remarcó que, si la persona no recibe la póliza ni el certificado de cobertura, no corresponde que sea debitada la prima del seguro. Sin embargo, el banco la debita”. Sin esos elementos, el profesional sostuvo que “no sabemos de qué se tratan esos seguros. Si esas personas quisieran hacer valer el seguro, ni siquiera saben qué cobertura tienen”, al igual que datos clave como el riesgo asegurado, las exclusiones de cobertura, las caducidades y el plazo de vigencia.
El abogado destacó que hay clientes que vienen sufriendo descuentos por los seguros desde antes de 2020, pero, por el plazo de prescripción, los reclamos comienzan a correr desde esa fecha. Incluso, el apoderado de UCU expresó que le envió una carta documento al banco, antes de entablar la demanda, lo que “suspendió la prescripción por seis meses”. Así, el período abarcativo del reclamo se computa desde cinco años y seis meses hacia atrás del 31 de julio de 2025, fecha en la que presentó el escrito en la Justicia.
En ese marco, señaló que hay personas que tienen un seguro y otros casos en los que poseen cinco. Los débitos, allá por 2020, arrancaron en unos 500 pesos y, en la actualidad, oscilan los 3.500 y 4.000 pesos por mes. González Vila manifestó que, de los 14 casos testigos, hubo tres que acudieron a Defensa al Consumidor y lograron el freno al descuento, pero no han conseguido que le reintegren lo que les habían debitado.
La causa había recaído en el Juzgado Civil N°11, a cargo de Amanda Díaz, pero fue recusada sin causa por los abogados de la entidad financiera. De esa manera, el expediente fue a sorteo y le tocó a Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo.
(0264Noticias)
