El Gobierno derogó una resolución de 2012 y habilitó nuevas reglas para patentes de medicamentos

El Gobierno derogó una resolución de 2012 que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos y resolvió que, en adelante, será el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el que defina, caso por caso, si corresponde otorgar nuevas patentes.

La decisión fue formalizada a través de una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del INPI, Carlos María Gallo. Con esa medida quedó sin efecto la norma que establecía las llamadas "Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas", un marco técnico que condicionaba la aprobación de este tipo de registros.

Desde ahora, el organismo de propiedad industrial tendrá la facultad de "determinar en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones", según publicó el Boletín Oficial. El cambio apunta a simplificar el trámite y a remover trabas que, según el Ejecutivo, dificultaban el acceso a la protección de innovaciones farmacéuticas.

La nueva disposición también introduce un punto clave para el mercado local: en el caso de patentes concedidas a partir de ahora sobre productos farmacéuticos ya comercializados en el país, los titulares no podrán impedir la continuidad de la venta ni reclamar una retribución por esa comercialización previa.

La medida fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó en X que la resolución representa una mejora en el respeto de la propiedad intelectual y facilitará la llegada de terapias innovadoras al país. También aclaró que los productos que ya están en el mercado no se verán afectados y podrán seguir vendiéndose sin restricciones.

En paralelo, el estudio Marval, O’Farrell & Mairal consideró que la resolución marca un punto de inflexión en el sistema de patentes argentino, aunque advirtió posibles discusiones sobre el alcance de la norma y eventuales cuestionamientos constitucionales. Especialistas del sector también señalaron que el nuevo esquema podría abrir conflictos legales con laboratorios que reclamen regalías por productos patentados y ya presentes en el mercado local.

Según el análisis jurídico, la derogación elimina uno de los principales obstáculos que frenaban la aprobación de patentes farmacéuticas en la Argentina y abre una etapa de mayor flexibilidad para la innovación. Sin embargo, su impacto práctico dependerá de cómo el INPI aplique desde ahora la evaluación de cada solicitud.