Escándalo en Salta: denuncian que hicieron una fiesta de casamiento en un área protegida de Cafayate

Según indicaron desde el área, dependiente del Ministerio de Producción y Minería, el documento que circuló como respaldo de la celebración es "apócrifo". En ese marco, el Gobierno provincial radicó una denuncia judicial para “resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental de la provincia”.

El escándalo se originó cuando la Municipalidad de Cafayate denunció que la actividad no habría contado con los permisos correspondientes. "Se trata de un área protegida, por lo que su uso está sujeto a normativas específicas para su preservación", señaló en su comunicado el municipio.

En ese marco, el gobierno salteño aclaró este jueves que las actividades en áreas naturales protegidas están amparadas en la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas”. Las normas establecen que “cualquier intervención debe cumplir una evaluación de impacto ambiental previa, con documentación técnica y verificación de las condiciones del sitio”.

Remarcaron que ese tipo de autorizaciones “sólo tienen validez si son emitidas a través de los canales administrativos oficiales y cuentan con respaldo técnico y jurídico” y enfatizaron en que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable "no emite permisos mediante documentos informales ni mediante firmas insertas en imágenes o piezas no oficiales".

La causa quedó en manos de la fiscal Penal de Cafayate, Sandra Rojas, que investiga “un posible delito relacionado al permiso que habría sido presentado como válido y cuya autenticidad se encuentra en duda”.

Además de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS), la Unidad Fiscal Contravencional también dio directivas en torno a la realización del evento sin contar con la autorización administrativa exigida”.

“Ambas intervenciones avanzan de manera coordinada con el objetivo de establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el plano penal como contravencional, en resguardo del orden público y la protección ambiental”, detalla el MPFS.