INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREl Gobierno nacional formalizó este martes el cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminó los aportes obligatorios que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La medida fue oficializada a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La decisión estableció un plazo de tres meses para que la entidad presente un informe final con rendición de cuentas, detalle de acciones realizadas, cumplimiento de objetivos y estado de los recursos. Además, dispuso el cese inmediato de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849, al considerar que la finalidad del esquema quedó extinguida con el cierre del plan.
En ese marco, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) fue instruido a dejar de recaudar dichos aportes, mientras que los fondos remanentes deberán ser transferidos al organismo como autoridad de aplicación del sector.
El Ejecutivo sostuvo que el PEVI tenía un horizonte temporal definido hasta 2020 y que cualquier extensión requería aprobación estatal, algo que —según el texto oficial— no se concretó. Por ese motivo, la actualización impulsada por COVIAR bajo el denominado “PEVI 2030” fue interpretada como un intento de prórroga que ahora quedó sin efecto.
La normativa aclaró que la medida no implica la disolución de COVIAR, que continuará funcionando como persona jurídica de derecho público no estatal. Sin embargo, su rol quedó limitado tras perder el principal instrumento que sostenía su financiamiento y estructura operativa.
El cierre del plan puso fin a un debate que se arrastraba desde hace años dentro del sector vitivinícola. Distintas entidades habían cuestionado el funcionamiento de la corporación y el cumplimiento de los objetivos planteados, entre ellos el posicionamiento internacional del vino argentino, la recuperación del consumo interno y la integración de pequeños productores.
Entre los antecedentes, se destacó la salida de Bodegas de Argentina en 2019 por diferencias en la gestión, y la postura crítica sostenida desde 2014 por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este. Ambas entidades habían objetado la continuidad de los aportes obligatorios y la falta de consensos en torno a la prórroga del plan.
El conflicto escaló en 2024, cuando el Gobierno nacional analizó modificar el esquema de financiamiento y propuso convertir los aportes en voluntarios. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el sistema se mantuvo sin cambios hasta la decisión oficializada este martes.
Desde COVIAR, en tanto, habían rechazado las críticas y atribuido el incumplimiento de metas a factores macroeconómicos. También habían defendido la legalidad del financiamiento al sostener que la ley vigente no establecía plazos de caducidad.
