Restituyeron a la jueza que había sido desplazada por besar a un preso que ella misma había condenado por homicidio

Los jueces Diego Trad, Roberto Barrios, Carina Estefanía, Javier Raidan y Andrés Giacomone coincidieron en que el procedimiento administrativo estuvo "contaminado" y sesgado desde su origen. De acuerdo con el fallo, el tribunal de alzada detectó que el cuerpo disciplinario -que estuvo encabezado por el magistrado Daniel Báez- vulneró el derecho de defensa y la garantía de imparcialidad indispensables en cualquier proceso institucional.

El origen de la polémica

Suárez era jueza penal de Comodoro Rivadavia cuando a su tribunal llegó el caso de Cristian “Mai” Bustos, quien tenía una condena de 20 años de prisión por el homicidio de su hijastro de nueve meses, por el crimen de un policía y las heridas que sufrió otro durante un procedimiento en el que fueron a detenerlo. El tribunal lo encontró responsable del hecho y lo condenó a prisión perpetua con la disidencia de Suárez que entendió que debía recibir una pena de de ocho años.

Luego se conoció que tras la condena, Suárez visitó en distintas oportunidades a Bustos en su lugar de detención y en una filmación se los vio besándose. Fue tras la condena y la entonces jueza explicó que lo visitaba para hacer un trabajo académico. Se inició una causa por mal desempeño de sus funciones y en noviembre del año pasado la magistrada fue destituida. El Jurado de Enjuiciamiento, por mayoría, la encontró responsable de ausencia de imparcialidad, realizar trabajos con provecho personal, falsear la verdad retrasando actos de su función y conducta indecorosa.

“La relación íntima entre un juez y un detenido puede dar lugar a conflictos de interés y prejuicios en los procedimientos legales relacionados con ese condenado, que socava también la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial”, sostuvo el Jurado.

Revés en el plano nacional

Pese a este triunfo en el ámbito provincial, el panorama para Suárez en la justicia federal es adverso. En paralelo a este litigio, la abogada se había postulado para concursar por una vacante en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, tras evaluar sus explicaciones sobre el vínculo con el detenido, el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió excluirla por unanimidad de dicho concurso por "carecer de la idoneidad requerida", basándose en los parámetros establecidos por el Código Iberoamericano de Ética Judicial.