INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa causa por el Acueducto Gran Tulum tuvo esta jornada una audiencia relevante, en la cual la jueza de Garantías, Mónica Lucero, decidió no tratar el pedido de prórroga de Fiscalía por 90 días hábiles más para la investigación. La medida de la magistrada se basó en que el defensor de los expresidente de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, el abogado Nasser Uzair, debe estar presente en la futura audiencia, ya que sus defendidos puede que en el futuro sean objetivo de investigación de la Justicia. Por este motivo, la jueza decidió un cuarto intermedio y deberá confirmar a las partes la fecha de la futura audiencia.
Cabe señalar que, fuentes judiciales indicaron que la medida no entorpece el pedido de prórroga de 90 días del Ministerio Público Fiscal, el cual ya fue solicitado en tiempo y forma. A su vez, la audiencia judicial de este martes había sido programada inicialmente para ayer, aunque por motivos administrativos se decidió la postergación de 24 horas.
Mientras que, en caso que la prórroga sea avalada por la jueza, luego de ese plazo los fiscales deben sí o sí llevar adelante la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP), en la que le imputan y le informan al sospechoso el o los delitos por lo que encuentra bajo la lupa judicial. Por el contrario, si no hay pruebas incriminantes, la denuncia se debe desestimar o archivar.
En tanto, los encargados de desarrollar la investigación son los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, más cuatro ayudantes fiscales, quienes fueron dispuestos por el jefe del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Baigorrí, ante el volumen de información de la causa.
Haciendo un repaso del caso, el abogado, Marcelo Arancibia, realizó la denuncia el 9 de diciembre del año pasado “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”. Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac. En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.
El contenido de la denuncia de Arancibia se basó en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento. De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en un batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
La causa recayó en la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales, cuyo personal se ha tomado el plazo de 90 días hábiles para llevar adelante una investigación. Finalizado ese período, los fiscales cuentan con una prórroga de otros 90 días más para definir si van a la audiencia de la formalización de la Investigación Penal Preparatoria para imputar a sospechosos o, por el contrario, archivar la causa.
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