Muerte en Comisaría de Valle Fértil: tras la auditoría médica, la querella pidió imputar a dos policías

El caso de Daniel “Pichi” Paredes continúa bajo investigación en la Fiscalía de Delitos Especiales. En las últimas semanas, y pese a las dudas que aún persisten y a las marchas que sigue realizando la comunidad de Valle Fértil, los especialistas que intervinieron en el expediente concluyeron que la muerte habría sido un suicidio, de acuerdo con los elementos científicos y operativos analizados.
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 A partir de esa conclusión, la querella solicitó la imputación del calabocero y del jefe de guardia de la Comisaría 12 que estaban de servicio la noche del fallecimiento por los presuntos delitos de homicidio culposo y abandono de persona, en función de las responsabilidades derivadas de su custodia.

Tras la realización de una junta de especialistas, de la que participó la querella, se ratificó la hipótesis del suicidio. El primer protocolo de autopsia forense (Protocolo 153) fue elaborado el 23 de abril por los médicos legistas Alejandro Yesurón y Gustavo Fabiani. De acuerdo con el legajo judicial, las conclusiones establecieron que Alberto Daniel Paredes murió como consecuencia de un suicidio por ahorcamiento.

Según los médicos forenses, la causa directa de la muerte fue un ahorcamiento producido por un mecanismo de asfixia mecánica mediante compresión extrínseca del cuello. A su vez, la autopsia determinó que la causa básica correspondía a una lesión autoinfligida de manera intencional.

El legajo señala que los peritos observaron un surco de ahorcamiento incompleto y tenue en el tercio superior del cuello, compatible con la utilización de un elemento blando, como una manga de camisa. En el examen interno, la disección reveló infiltrados hemorrágicos en la musculatura cervical y una equimosis retrofaríngea, conocida como Signo de Brouardel, un hallazgo que respaldaría la existencia de una compresión vital del cuello. Además, no se detectaron fracturas en el hueso hioides ni en los cartílagos de la laringe.

En el examen externo, los peritos observaron un rostro levemente congestivo y pequeñas manchas hemorrágicas en los ojos, conocidas como petequias. También registraron una cicatriz antigua asociada a una fractura nasal previa. Los dedos de ambas manos presentaban restos de una sustancia negra que, según la descripción, podría corresponder a tinta o pintura.

A nivel interno, se detectó una marcada congestión en los órganos torácicos y abdominales, además de manchas de Tardieu y de Paltauf en el corazón y los pulmones, hallazgos que suelen estar asociados a cuadros de asfixia.

Uno de los aspectos que más interrogantes genera en torno a la hipótesis del autoahorcamiento es el elevado nivel de alcohol que presentaba Paredes al momento de su muerte. Los análisis determinaron una alcoholemia de 2,67 gramos por litro de sangre, un valor compatible con un estado de ebriedad profunda.

El examen de orina también arrojó resultado positivo para etilglucurónido, un metabolito derivado del alcohol. En cambio, los estudios realizados para detectar otras sustancias de abuso dieron resultado negativo.

Néstor Olivera, abogado de la familia Paredes, señaló a La Mecha que participaron de la auditoría y que allí se concluyó que “efectivamente se trató de un suicidio, dadas las condiciones científicas y operativas. No ha habido desgarros ni explosiones internas de arterias. Respecto de su grado alcohólico, fue lo que le impidió reaccionar”.

Esa es, al menos por ahora, la posición que sostienen los investigadores, quienes —según indicó el letrado— “no han encontrado nada que contradiga esa versión”.

La querella sostenía que existió una vulneración al derecho de defensa, ya que la familia no fue notificada ni tuvo la posibilidad de designar un perito de parte para supervisar la autopsia inicial. A raíz de esa situación, solicitó la exhumación del cuerpo para realizar una nueva pericia, pedido que finalmente Fiscalía rechazó.

Respecto del rumbo que tomó la investigación, Olivera confirmó que la querella buscará avanzar contra el calabocero que se encontraba de servicio esa noche, David Romero, y contra el oficial de guardia Jorge García. Ambos serían denunciados por los presuntos delitos de homicidio culposo y abandono de persona, en virtud de las responsabilidades que tenían sobre la custodia de Paredes.

Por el momento, el fiscal Francisco Javier Pizarro transita la etapa de Investigación Previa a la Formalización. Aunque todavía no existe una imputación formal, la fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de análisis para determinar si hubo incumplimientos u omisiones en los protocolos de custodia que permitan encuadrar la conducta de Romero y García en alguna de esas figuras penales.

Mientras la investigación continúa su curso, la familia y los allegados de Daniel Paredes siguen movilizándose en Valle Fértil todos los jueves. Hasta ahora ya concretaron ocho manifestaciones y aseguran que continuarán reclamando justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte ocurrida en la comisaría.

Con información de La Mecha

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