INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa disputa territorial entre La Rioja y San Juan sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno riojano asegurara que existe una “ventana jurídica” que podría permitirle avanzar en el reclamo sobre áreas que actualmente forman parte de la jurisdicción sanjuanina.
La definición fue realizada por el secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, quien explicó los fundamentos legales que, según la provincia vecina, respaldan la estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Quintela.
Las declaraciones se conocieron poco después de que la Cámara de Diputados riojana aprobara una ley que habilita nuevas acciones institucionales y judiciales vinculadas al conflicto limítrofe con San Juan.
Según Herrera, la reciente legislación provincial permite al Ejecutivo acceder a herramientas jurídicas para profundizar el análisis de antecedentes históricos, legales y geográficos vinculados a la delimitación entre ambas provincias.
El funcionario sostuvo que la principal oportunidad para avanzar surge de cuestionamientos sobre la validez del esquema limítrofe fijado en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
“Existe una ventana jurídica debido a que la cuestión limítrofe establecida en 1968 nunca fue ratificada plenamente por las legislaturas de ambas provincias y posteriormente fue incorporada a un digesto jurídico cuya validez hoy es cuestionada”, afirmó.
Además, explicó que el planteo riojano se apoya en la situación de esa normativa dentro del sistema legal argentino.
“Se rechazó la cuestión limítrofe y nunca antes habían sido ratificados los límites establecidos en 1968. Esa normativa luego fue incorporada a un digesto jurídico que hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación desconoce, por lo que entendemos que existe una posibilidad de avanzar con este reclamo”, aseguró.
Herrera destacó que fue Quintela quien decidió volver a instalar el debate en la agenda pública provincial y remarcó que cualquier acción se desarrollará dentro de los mecanismos institucionales previstos por la Constitución Nacional.
En ese marco, confirmó la creación de una comisión especial que tendrá la tarea de estudiar todos los antecedentes relacionados con el conflicto. El organismo estará integrado por distintos actores que analizarán documentación histórica, fundamentos jurídicos y aspectos técnicos vinculados a la delimitación territorial.
A partir de las conclusiones que surjan de ese trabajo, el Gobierno riojano definirá cuáles serán los próximos pasos administrativos y judiciales.
Las declaraciones del funcionario riojano contrastan con la posición sostenida por el Gobierno de San Juan.
El gobernador Marcelo Orrego aseguró recientemente que los límites provinciales “no están en discusión” y recordó que la delimitación vigente fue ratificada por el Congreso Nacional.
Desde la administración sanjuanina sostienen que ninguna provincia puede modificar unilateralmente sus fronteras mediante una ley local y que cualquier cambio territorial requiere la intervención del Congreso de la Nación, tal como establece la Constitución Argentina.
“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, expresó.
En ese sentido, remarcó que ninguna provincia puede modificar los límites de manera unilateral. “Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, señaló.
