INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREl conflicto de límites entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto para rechazar los acuerdos territoriales vigentes, el gobernador Ricardo Quintela se pronunció sobre la disputa. El riojano dio algunas declaraciones durante el acto por el Día de la Bandera indicando que para él es una obligación legal de su provincia y trató de bajar un cambio respecto de la relación con los sanjuaninos . Por su parte, Marcelo Orrego mantiene una postura de defensa cerrada, advirtiendo que la jurisdicción sanjuanina "no está en discusión".
En el marco de los actos por el Día de la Bandera, Quintela se refirió a las publicaciones en redes sociales de Orrego, quien había tildado de "arremetida" el movimiento riojano. "Está bien que él se exprese. Yo no tengo nada contra el pueblo de San Juan, al contrario, es un pueblo hermoso, amigo y solidario", aclaró el mandatario vecino para bajar los decibeles de la confrontación.
No obstante, Quintela fue tajante al definir el norte de su administración: "Tenemos la obligación, el deber y la responsabilidad de defender los intereses de los riojanos y defender el territorio riojano". Según explicó, el proceso judicial e institucional se llevará adelante bajo la premisa de no lastimar el vínculo entre ambas provincias, pero con la determinación de reclamar lo que consideran propio.
La respuesta desde San Juan no se hizo esperar. Orrego convocó a todas las fuerzas políticas de la provincia a conformar un frente unido, argumentando que los límites actuales no son un "acuerdo de escritorio" de una dictadura, sino que tienen plena validez democrática. El gobernador sanjuanino recordó que la delimitación rige desde hace 57 años (Ley 18.004 de 1968) y que fue el propio Congreso Nacional quien ratificó su vigencia en 2014 mediante la Ley 26.939.
"Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara", sentenció Orrego, apelando al artículo 75 de la Carta Magna, que otorga al Congreso la facultad exclusiva de fijar límites. Para el mandatario local, lo que está en juego es "el territorio, los recursos y el futuro", haciendo alusión a la riqueza minera de la zona y a símbolos como el Parque Ischigualasto.
Detrás de la discusión legal asoma un fuerte interés económico vinculado al proyecto minero Vicuña, ubicado en suelo sanjuanino. Fuentes oficiales y medios regionales coinciden en que la administración de Quintela, ante un escenario financiero complejo, busca obtener beneficios de estos recursos naturales.
Mientras la Legislatura de La Rioja instruyó a sus legisladores nacionales a "dar la batalla en el Congreso" y a la Fiscalía de Estado a tramitar medidas cautelares ante la Corte Suprema, en San Juan el arco político comienza a cerrar filas. La disputa, lejos de agotarse en declaraciones, parece encaminarse a una resolución en los máximos tribunales del país, con ambos gobernadores plantados en la defensa de lo que consideran el patrimonio de sus provincias.
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