INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa Corte de Justicia resolvió una causa millonaria contra una de las principales bodegas de la provincia: Fraccionadora San Juan, que tiene en sus manos, entre otros, el vino “Fraternal”. La causa se había originado a mediados de 2023, cuando la empresa Iberte, de la cual Juan José Retamero es dueño y también propietario de la mina Gualcamayo, demandó a la compañía por un presunto incumplimiento de contrato y le reclamó que le devolviera casi 600.000 dólares, monto que representa hoy casi 1.000 millones de pesos. Lo llamativo de la causa es que Iberte había obtenido fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia, pero, en una sentencia que se dio a conocer ahora, el máximo tribunal de la provincia decidió dar todo de baja. Esto es, anuló la causa y rechazó la demanda original, por lo que la bodega no deberá hacer frente al monto millonario.
Quienes resolvieron el conflicto fueron los cortistas miembros de la Sala I, Guillermo De Sanctis, Daniel Olivares Yapur y Juan José Victoria, al darle curso a un recurso que presentó Fraccionadora San Juan, luego de que en marzo del año pasado la Sala IV de la Cámara Civil confirmara una sentencia que obligaba a la empresa a devolver la abultada cifra en dólares. En principio, el caso se presentó como simple: la empresa Iberte S.R.L., firma de capitales españoles que se dedica al comercio internacional y de la cual el propietario de la mina de oro Gualcamayo es dueño, firmó un contrato millonario con la bodega sanjuanina que, al final, no se concretó.
El acuerdo comprendía una entrega total de poco más de 25 millones de litros de vino, de los cuales solo se distribuyeron 142.300 litros. Para una primera etapa, Iberte desembolsó 600.000 dólares y, como el contrato no se completó, reclamó en la Justicia que Fraccionadora San Juan le reintegrara casi la totalidad: 573.674,50 dólares.
La bodega local se había negado porque entendía que el monto entregado correspondía a un anticipo y que, para completar el contrato, Iberte debía entregar “un plan de cargas” o un cronograma que finalmente no desarrolló. El conflicto surgió porque un juez y la Sala IV de la Cámara Civil entendieron que la empresa de la cual Retamero es dueño tenía razón. Para llegar a esa conclusión, tuvieron en cuenta que el “plan de cargas” debería ser desarrollado en conjunto por las partes, por lo que le atribuyeron responsabilidad a Fraccionadora San Juan.
Lo llamativo es que la Corte anuló todo. Se metió en la cuestión de fondo, analizó la causa y le dio la razón a la bodega sanjuanina. A diferencia de otros planteos que llegan al máximo tribunal, y donde la Corte anula fallos, pero baja el expediente para que otro juez o cámara emita una nueva sentencia, ahora asumió una “competencia positiva” y resolvió el conflicto. Para resolver así, sostuvo que la cláusula del contrato donde figuraba el “plan de carga” no generó una obligación de cumplimiento inmediato porque fue algo que acordaron las partes desarrollar después. Al no ser una obligación, no se puede definir como un incumplimiento de contrato y, así, no estaba habilitada la acción judicial. Además, fue clara al indicar que “para calificar como incumplidora a la demandada (la bodega) en la obligación de entrega del remanente de vino contratado, debió demostrarse que haya incurrido en ello, y no se ha aportado algún elemento de convicción al respecto”. De esa manera, se decidió “revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda”.
Un punto no menor es que Fraccionadora San Juan no tendrá que reintegrar los casi 600.000 dólares, sino que Iberte va a tener que hacer frente a “las costas de todas las instancias” del juicio.
El juicio local no es el único que ha entablado la empresa de origen español en el mercado vitivinícola, ya que, en Mendoza, lleva una puja con el gigante Fecovita, una de las cooperativas más importantes del país, con marcas como Toro, Estancia Mendoza y Los Helechos, entre otros. Iberte reclama maniobras fraudulentas de los directivos de Fecovita que no permitieron conformar la empresa exportadora EVISA y por la cual sostiene que invirtió unos 30 millones de dólares. No solo eso, ya que, a principios del mes pasado, hizo una nueva presentación en la que reclama unos 100 millones de dólares por “lucro cesante”; esto es, lo que dejó de ganar por no haberse desarrollado el negocio. Fecovita viene sosteniendo que los fondos aportados inicialmente se usaron en exportaciones destinadas a clientes aportados por Iberte, quienes, a su vez, no pagaron la mercadería.
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