Imputan a tres policías, un ingeniero y una proveedora del Estado por la causa de las 150 computadoras desaparecidas de la fuerza provincial

la causa por la compra de computadoras para la Policía de San Juan avanza en la etapa de investigación penal preparatoria y deja a cinco personas imputadas en un expediente que podría derivar en condenas por fraude en perjuicio de la administración pública. Todo este caso ocurrió en la gestión anterior, durante el Gobierno de Sergio Uñac. 

Los imputados son Enzo Ariel Fava, ingeniero electromecánico y empleado de la Municipalidad de Rawson; Jorge Eduardo Santori, comisario mayor retirado; Juan José Valverde, subcomisario en actividad; Juan José González, comisario en funciones; y María de Lourdes Quiroga Coll, exempleada y que fue proveedora del Estado. 

La audiencia de formalización estuvo a cargo de la jueza Flavia Allende y fue impulsada por el fiscal Roberto Ginsberg, a partir de una denuncia del ex comisario Luis Martínez. En el proceso se investiga la adquisición de equipamiento informático por unos 90 millones de pesos con fondos nacionales.

Según la acusación, María de Lourdes Quiroga Coll fue imputada como autora del delito de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que los demás involucrados —entre ellos policías en actividad y retirados— fueron acusados en calidad de funcionarios públicos y autores del mismo delito en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes de funcionario.

El Ministerio Público Fiscal solicitó un año de investigación penal preparatoria y medidas de coerción, entre ellas la obligación de los imputados de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, mientras se define su responsabilidad en el caso.

La causa se centra en la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets para la fuerza policial. Una auditoría posterior determinó que los equipos hallados no coinciden con los adquiridos originalmente, lo que reforzó la hipótesis de irregularidades en la operación.

En este contexto, la imputación por fraude abre la posibilidad de que los acusados enfrenten condenas penales si la investigación confirma su responsabilidad en el manejo del dinero público destinado a la compra de equipamiento.

El expediente se originó en 2024 tras denuncias internas dentro de la fuerza policial sobre la falta de los equipos adquiridos. Posteriormente, el hallazgo de los dispositivos en un depósito derivó en nuevas pericias que ahora forman parte del análisis judicial.