INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para pedirle al Poder Ejecutivo información precisa sobre la supresión del Ministerio del Interior y la reforma de la Ley de Ministerios aplicada mediante el DNU 571/2026. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El texto reclama que la Jefatura de Gabinete explique en un plazo de diez días hábiles cuáles fueron las razones de la eliminación de esa cartera y por qué el Gobierno eligió la vía del DNU en lugar de impulsar una reforma legislativa en el Congreso. También pregunta por qué no se esperó el trámite parlamentario ordinario para cambiar la estructura ministerial.
Entre los puntos centrales del pedido figuran el destino del personal de planta permanente, transitoria y contratado que trabajaba en el Ministerio del Interior, además de la reasignación de los créditos presupuestarios de esa jurisdicción. Monzón también pide datos sobre el impacto fiscal de las nuevas figuras de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, junto con las secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios, ambas con rango ministerial.
La diputada solicita, además, precisiones sobre cómo se asegurará el funcionamiento de organismos que dependían del ex Ministerio del Interior, como el Renaper, la Dirección Nacional Electoral y el INAI, tras su pase a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Otro eje del planteo apunta a la concentración de atribuciones en el jefe de Gabinete, que ahora reúne la relación con las provincias, la administración general del país y el control de la ejecución presupuestaria.
En los fundamentos, Monzón sostiene que la sola invocación de "razones de gestión" no alcanza para justificar una medida de esta magnitud por medio de un DNU. También menciona un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró la nulidad de otro decreto por considerar que los argumentos de eficiencia administrativa no constituyen circunstancias excepcionales que habiliten esa herramienta constitucional.
Por ese motivo, pide que el Gobierno explique por qué entiende que el DNU 571/2026 no queda alcanzado por ese criterio judicial. Finalmente, la legisladora afirma que el Congreso necesita toda la información para evaluar los alcances institucionales, presupuestarios y administrativos de una reforma que elimina una cartera histórica y redefine la estructura del Poder Ejecutivo nacional.
