Condenaron a Julio De Vido a cinco años de prisión por el caso Skanska

 López Iñiguez, informó la sentencia para los exfuncionarios, que escucharon la decisión judicial de manera virtual desde sus lugares de detención. De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde la cárcel de Ezeiza, respectivamente.

Las claves de Skanska, el primer gran caso de corrupción del kirchnerismo

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista. En el expediente se investigó el supuesto pago de coimas y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en 2004. Según la Justicia hubo cobro de sobornos para la concesión de la obra y la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y pagarles coimas a exfuncionarios públicos fue acusada, además, de esconder este esquema a través de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía en la que un exejecutivo, Javier Azcárate, dijo en diálogo con el exsíndico dela empresa, Claudio Corizzo, que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras. La causa judicial involucró tanto a exfuncionarios kirchneristas como a directivos de Skanska.

El juez federal, Sebastián Casanello, argumentó al elevar el caso a juicio, en 2019: “La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento".

El magistrado planteó: “Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional”.

Casanello advirtió: “Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno".