El Senado sancionó la ley Inocencia Fiscal II

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para captar dólares que todavía permanecen fuera del circuito financiero formal. La sanción se produjo con una votación de 44 a 23, con aportes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Para la administración nacional, el resultado legislativo implica avanzar sobre una herramienta orientada a ampliar la base de contribuyentes que se incorporen al sistema financiero.

Alcance de la reforma. La ley elimina restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, que hasta ahora limitaba el acceso a quienes tuvieran un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Con ese cambio, el oficialismo busca facilitar la adhesión de contribuyentes que mantengan fondos fuera del sistema formal. El texto también establece que legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios de ese esquema.

Restricciones por función pública. Además, el proyecto prohíbe la adhesión de funcionarios públicos y de quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores. Esa cláusula delimita el universo de personas habilitadas a ingresar al régimen y fija una exclusión temporal para exfuncionarios. En términos prácticos, la norma separa a los contribuyentes alcanzados por el sistema simplificado de quienes desempeñan o desempeñaron funciones de gobierno en el período reciente.

Control fiscal. Otro de los puntos centrales es la redefinición de la llamada “discrepancia significativa”, el parámetro que permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnar una declaración simplificada. Según la iniciativa, esa diferencia será considerada relevante cuando implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. El cambio fija un umbral concreto para la revisión administrativa y ordena el margen de actuación del organismo recaudador.

Negociación parlamentaria. La sanción también reflejó una negociación política más amplia, porque el oficialismo debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles. Ese movimiento fue parte de la estrategia para reunir los votos necesarios y recuperar iniciativa legislativa en la Cámara alta. Con la ley aprobada, la aplicación efectiva dependerá de su reglamentación y de los criterios operativos que establezca el Poder Ejecutivo para poner en marcha el régimen.