INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRAl inicio de la actual gestión provincial, San Juan detectó unas 12.000 viviendas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda que todavía no tenían escritura. Según datos informados desde la Asesoría Letrada de Gobierno, alrededor de 3.000 ya fueron escrituradas y otras 1.000 están en trámite.
El proceso apunta a completar la regularización dominial, es decir, la inscripción legal que acredita la propiedad de una vivienda. La falta de ese documento dejó durante años a miles de familias con posesión material del inmueble, pero sin la acreditación formal de dominio. Si se cierran los trámites en curso, el total regularizado alcanzará unas 4.000 viviendas sobre el universo inicial detectado.
Un trámite con obstáculos administrativos La escrituración no depende solo de emitir un documento. En varios casos fue necesario reconstruir o completar documentación, resolver cuestiones jurídicas y administrativas y destrabar situaciones que impedían la transferencia formal a los ocupantes. Parte de esas dificultades se vincula con barrios construidos o adjudicados mediante cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, que actuaron como intermediarias en distintas operatorias habitacionales.
Cuando esas entidades presentan documentación incompleta, conflictos institucionales o pendientes legales, la regularización de las viviendas queda condicionada. Por esa razón, el avance requiere intervención coordinada de distintos organismos y profesionales para resolver cada caso antes de llegar a la escritura definitiva. La Provincia informó además que el IPV puso en marcha una licitación para contratar servicios profesionales destinados a revisar la situación institucional, contable, fiscal y legal de esas organizaciones.
Casos más complejos Esa contratación alcanza a 1.697 viviendas distribuidas en 26 barrios. El objetivo es destrabar expedientes en los que la situación de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles impide avanzar con la transferencia definitiva de los inmuebles. El alcance de la medida muestra que la regularización involucra no solo a adjudicatarios individuales, sino también a estructuras intermedias que deben ordenar su documentación para habilitar el trámite.
La regularización dominial tiene impacto directo en la seguridad jurídica de las familias, porque permite acreditar legalmente la propiedad de la vivienda recibida. Para quienes habitan esas casas desde hace años, la escritura cierra el proceso habitacional iniciado con la adjudicación y deja a la vivienda en regla para eventuales trámites posteriores. El seguimiento del programa seguirá centrado en la conclusión de los expedientes en trámite y en la resolución de los casos vinculados a entidades intermedias.
