INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLas diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres presentaron en el Congreso Nacional un paquete de proyectos para reforzar la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. La propuesta combina la prohibición de espacios vinculados a esa actividad con un aumento de las penas previstas en el Código Penal.
Prohibición y clausura
Una de las iniciativas busca establecer un marco nacional para prohibir en jurisdicción federal los establecimientos de explotación sexual bajo cualquier modalidad. Alcanzaría a whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne, agencias de acompañantes, casas de masajes con oferta sexual y otros lugares señalados como ámbitos de captación y explotación.
El texto también incluye la dimensión digital y contempla inmuebles de alquiler temporal usados con esos fines. Además, prevé la clausura inmediata, definitiva e irredimible de esos lugares una vez constatada la infracción, y declara nulos los actos administrativos que autoricen su funcionamiento.
Más penas en el Código Penal
La segunda propuesta reforma los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. Eleva la pena básica por trata de personas de cuatro a ocho años de prisión a una escala de seis a doce años, y sube las sanciones agravadas a entre diez y veinte años cuando haya violencia, engaño, abuso de vulnerabilidad o participación de funcionarios públicos, entre otros supuestos.
Según las autoras, la escala vigente quedó corta frente a la gravedad del delito y genera desproporciones con otras figuras penales. También sostienen que un aumento de penas podría reducir beneficios procesales y extender los plazos de prescripción en causas complejas, sobre todo cuando las víctimas tardan en denunciar por temor o por el trauma sufrido.
Protección y prevención
El proyecto suma medidas de asistencia para las personas encontradas en operativos de clausura. Si hay indicios de vulnerabilidad o no se puede acreditar identidad y domicilio, se las presumirá posibles víctimas de trata y deberán recibir asistencia integral según la legislación vigente.
Además, impulsa más contenidos sobre trata, captación digital y grooming dentro de la Educación Sexual Integral, junto con campañas de difusión de la Línea 145. Las legisladoras tomaron como antecedente el modelo aplicado en Córdoba desde 2012, cuando esa provincia prohibió las whiskerías y locales de alterne.
