INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa causa por la muerte de tres jóvenes a raíz de una intoxicación con monóxido de carbono en un departamento alquilado de manera ilegal en Capital sumó un nuevo capítulo judicial. La UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Atilio Yanardi, solicitó la formalización de una investigación contra José Oscar Muñoz, propietario del inmueble, y Teresa Elizabeth Scalise, por la presunta comisión del delito de insolvencia fraudulenta.
El pedido fue presentado este lunes y quedó en manos del juez Alberto Caballero, el mismo magistrado que intervino en la causa original por las muertes. Tras escuchar a las partes, el juez dispuso un cuarto intermedio y deberá resolver este martes cómo continuará el proceso.
La nueva investigación busca determinar si la pareja realizó movimientos patrimoniales con la finalidad de evitar o dificultar el pago de una indemnización millonaria reconocida judicialmente a las familias de las víctimas.
El caso se remonta a agosto de 2023, cuando las jóvenes Sasha, Yeni y una menor de 17 años fueron encontradas sin vida en un departamento monoambiente que alquilaban temporalmente en Concepción. Las muertes se produjeron por inhalación de monóxido de carbono.
Como antecedente, el 10 de abril de 2024, Muñoz y Scalise fueron condenados mediante un juicio abreviado a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación especial por el delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, mientras se encontraba en trámite el reclamo de resarcimiento económico, los investigados habrían concretado dos operaciones inmobiliarias que podrían haber afectado las posibilidades de cobrar la deuda.
La primera operación se realizó el 16 de abril de 2025, cuando vendieron un inmueble por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora.
La segunda se concretó el 23 de junio de ese mismo año, cuando transfirieron mediante una donación a sus hijos una propiedad ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Para la acusación, estos movimientos patrimoniales podrían haber tenido como objetivo impedir o dificultar el cobro de la indemnización reconocida judicialmente. La conducta fue encuadrada provisoriamente como insolvencia fraudulenta, delito contemplado en el artículo 179, segundo párrafo, en función del artículo 45 del Código Penal.
En el expediente interviene el abogado querellante Eduardo Sait, en representación de Otárola, mientras que la defensa de los investigados está a cargo de Andrés Bertagna.
Este martes, el juez Alberto Caballero deberá resolver cómo continúa el trámite judicial, luego del planteo de la defensa y del pedido de la Fiscalía para avanzar con la formalización de la investigación.
La responsabilidad penal de Muñoz y Scalise por este nuevo hecho aún deberá determinarse durante el proceso. La investigación busca establecer si las operaciones patrimoniales denunciadas constituyeron una maniobra destinada a frustrar el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la tragedia.
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