INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREl Interbloque Justicialista presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de emergencia para las finanzas municipales que propone suspender temporalmente la regla de gasto, reducir las retenciones para el Fondo de Emergencia (FEM) y distribuir entre los departamentos los recursos del FODERE. La iniciativa se apoya en el último informe oficial disponible, que indica que 16 de los 19 municipios incumplían los límites fiscales en el tercer trimestre de 2025, y plantea que las comunas tengan más fondos de libre disponibilidad para afrontar la crisis económica y la emergencia climática.
El proyecto lleva las firmas de doce diputados peronistas y combina cambios en dos leyes provinciales con la creación de un programa para que los municipios recuperen gradualmente el cumplimiento de las reglas fiscales.
El principal argumento de los autores es un dato de la Comisión Fiscal Provincial. Según la Evaluación del tercer trimestre de 2025, 16 de los 19 municipios superaban el límite de crecimiento del gasto corriente primario neto establecido por la Ley 1812-I. Solo Angaco y Valle Fértil cumplían con la regla, mientras que Jáchal no había presentado la información requerida. Se trata del último informe disponible citado en los fundamentos del proyecto, que compara la evolución del gasto entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025.
La norma establece que el gasto corriente primario neto no puede crecer por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para los municipios que registran superávit, la legislación contempla la posibilidad de utilizar como parámetro la variación nominal del Producto Bruto Geográfico (PBG). En el período analizado, los límites de referencia fueron del 46,36% para el IPC y del 54,12% para el PBG.
Los números muestran diferencias importantes entre departamentos. Sarmiento encabezó la lista con un incremento del gasto del 105,18%, seguido por Zonda, con el 91,59%; Calingasta, con el 88,35%; 9 de Julio, con el 81,85%; y Chimbas, con el 81,50%. Rivadavia también superó el parámetro que le correspondía, aunque por una diferencia mínima: registró una variación del 46,41%, frente al límite del 46,36%.
Para el peronismo, el incumplimiento extendido no responde necesariamente a decisiones discrecionales de los intendentes, sino al deterioro de los recursos y al aumento de las obligaciones que deben afrontar las administraciones locales. En los fundamentos, los diputados mencionan la caída de la recaudación y de la coparticipación, el incremento de los costos de funcionamiento, el cierre de comercios, la pérdida de empleo y una mayor demanda de asistencia social. Sostienen que los municipios son la primera puerta a la que acuden los vecinos ante una situación de vulnerabilidad y que necesitan contar con fondos disponibles para responder.
La iniciativa también incorpora la emergencia climática como argumento. Los autores recuerdan las lluvias, el granizo y las crecidas que afectaron a distintos departamentos en febrero de 2026, con viviendas dañadas, localidades aisladas y familias que necesitaron asistencia. Según el proyecto, fueron los municipios los que debieron responder inicialmente con recursos propios, mercadería, materiales, limpieza de cunetas y bombeo de agua.
A ese antecedente suman el riesgo de nuevas crecidas y aluviones durante el verano, en un escenario que vinculan con las nevadas acumuladas en la Cordillera y el fenómeno de El Niño. Los fondos adicionales, sostienen, permitirían financiar tareas preventivas, como la limpieza de cauces y desagües, el mantenimiento de caminos rurales, la compra de combustible y materiales, el refuerzo de Defensa Civil y el acondicionamiento de centros de evacuación.
El proyecto propone tres cambios centrales. El primero apunta al artículo 4 de la Ley 1811-P, que regula el Fondo de Emergencia y el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE). Actualmente, las detracciones previstas son del 5% para el Fondo de Emergencia y del 3% para el FODERE. El PJ propone reducir la primera al 2,5% y suspender temporalmente la segunda. De esta manera, la porción de los recursos resultantes que se distribuye entre los municipios pasaría del 92% al 97,5%, de acuerdo con el cálculo incluido en los fundamentos.
La propuesta no elimina por completo el Fondo de Emergencia: conserva una detracción del 2,5% para que la Provincia mantenga una herramienta de asistencia ante situaciones extraordinarias. El cambio más significativo se concentra en el FODERE, cuyos recursos dejarían de retenerse durante la vigencia de la medida para incorporarse a la masa que se distribuye entre las comunas, según sus respectivos coeficientes de distribución secundaria.
Los autores estiman que el FODERE retuvo unos $7.229 millones entre enero y septiembre de 2026. Al sumar los rendimientos financieros calculados hasta el 21 de octubre, la cifra ascendería a $7.776 millones. El proyecto plantea que los saldos de 2025 y años anteriores continúen destinados a los proyectos ya aprobados, con prioridad para anticipos y desembolsos pendientes, mientras que lo retenido durante 2026, junto con sus rendimientos, se distribuya progresivamente entre los 19 municipios durante 2027.
El segundo cambio es la suspensión transitoria de la regla de gasto del artículo 3, apartado A, de la Ley 1812-I. Los legisladores sostienen que mantener el límite vigente mientras los municipios deben afrontar una emergencia social y climática puede terminar penalizando a las administraciones que destinen recursos a asistencia, personal, combustible e insumos para atender esas necesidades.
La suspensión propuesta no alcanzaría a todo el régimen de responsabilidad fiscal. Seguirían vigentes las reglas de endeudamiento, cargos ocupados y fin de mandato, además de las obligaciones de información y transparencia. El plazo de las medidas se extendería hasta el 31 de diciembre de 2027.
El tercer eje es la creación de un Programa de Convergencia Fiscal Municipal. La intención es que la flexibilización tenga un plazo definido y no implique abandonar los controles. Cada municipio debería presentar ante la Comisión Fiscal Provincial un compromiso con un diagnóstico de sus cuentas, medidas, metas, indicadores verificables y un cronograma. Además, tendría que informar sus avances cada seis meses y establecer un camino para recuperar el cumplimiento de la regla de gasto.
Para fundamentar este mecanismo, el PJ recurre a un antecedente nacional. En septiembre de 2026, el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal aprobó un programa de convergencia destinado a que las provincias recuperen gradualmente el cumplimiento de las reglas fiscales. Los diputados señalan que San Juan también aparece entre las jurisdicciones que registraron un crecimiento del gasto corriente por encima de los parámetros nacionales y sostienen que los municipios deberían contar con una herramienta equivalente.
En los fundamentos, los legisladores también citan un documento de la Federación Argentina de Municipios, presentado en abril de 2026 ante el Ministerio de Economía de la Nación. Allí, los intendentes de todo el país advirtieron sobre la caída de los recursos, el aumento de los costos y la presión creciente de la demanda social. Para el bloque justicialista, ese diagnóstico respalda la necesidad de fortalecer las finanzas locales y garantizar que las comunas dispongan de fondos para atender las necesidades de sus vecinos.
La iniciativa tiene un antecedente político en San Juan. En diciembre de 2023, pocos días después de la asunción de Marcelo Orrego como gobernador, el peronismo impulsó una modificación de la Ley de Coparticipación Municipal para que los recursos del Fondo de Emergencia y del FODERE se incorporaran a la masa coparticipable distribuida automáticamente entre los municipios. El argumento del PJ era entonces, como ahora, ampliar la disponibilidad de fondos para los intendentes frente al escenario económico.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero Orrego la vetó totalmente el 29 de diciembre de ese año. El Ejecutivo defendió la continuidad de los fondos específicos, con el argumento de que su eliminación podía comprometer el financiamiento de obras públicas y proyectos de infraestructura. La Cámara de la Construcción de San Juan también respaldó entonces el mantenimiento del esquema, al advertir sobre el riesgo de que esos recursos terminaran destinados a gastos corrientes en lugar de obras.
El nuevo proyecto plantea una discusión entre la autonomía financiera de los municipios y la preservación de fondos destinados a proyectos de desarrollo regional. El FODERE, además, ya había quedado en el centro de la discusión por la posibilidad de que seis departamentos (Calingasta, Caucete, Chimbas, Iglesia, Jáchal y Ullum) quedaran sin acceso a esos recursos por incumplimientos del régimen de responsabilidad fiscal. La normativa vigente vincula el acceso al fondo con la adhesión y el cumplimiento de las reglas fiscales, por lo que el planteo del PJ busca modificar transitoriamente tanto la disponibilidad de los recursos como las condiciones fiscales que atraviesan los municipios.
Fuente: Tiempo de San Juan
