INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREn una audiencia judicial celebrada este miércoles, la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez formalizó la investigación contra Juan Ramón Saba Moll (34), el efectivo de la Policía de San Juan que protagonizó el siniestro vial donde perdió la vida el motociclista Cristian Videla. El uniformado, que se encuentra de licencia sin goce de sueldo para trabajar en una finca familiar, fue imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.
El núcleo de la acusación judicial radica en una grave falta a las normas de seguridad vial: al momento de la tragedia, Saba Moll operaba un tractor por una ruta nacional fuera del horario permitido. La circulación de maquinaria agrícola de este tipo está terminantemente prohibida en horario nocturno.
El hecho investigado ocurrió el domingo alrededor de las 21:30 a la altura del kilómetro 106 de la Ruta Nacional 40, en Sarmiento. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Saba Moll transitaba de sur a norte al mando de un tractor Fiat 400 E color naranja. En la misma dirección circulaba Cristian Videla a bordo de una moto Honda CG 150 Titán, quien terminó embistiendo violentamente la parte trasera de la máquina agrícola, perdiendo la vida en el lugar.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero, de la UFI Delitos Especiales- presentó las pruebas iniciales. Un dato clave que arrojaron las pericias es que ninguno de los involucrados presentaba alcohol ni drogas en sangre al momento del impacto.
Apoyándose en la conducción antirreglamentaria de Saba Moll, la fiscalía solicitó su imputación y el cumplimiento de medidas de coerción de someterse al proceso y no salir del país sin la debida autorización. Como medida cautelar estricta, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación provisoria para conducir, lo que implicaba el secuestro de su carnet.
Por su parte, la defensa técnica del imputado, a cargo de los abogados José Beltrán y Alejandro Berenstein, aceptó los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y las medidas de coerción, pero se opuso firmemente a la inhabilitación para manejar. Los defensores argumentaron que el hecho fue un "accidente" y catalogaron la retención de la licencia como un "adelanto de pena" que no correspondía en esta instancia del proceso.
Tras analizar los planteos de ambas partes, la jueza Maldonado de Álvarez falló a favor de la fiscalía. Resolvió dar por formalizada la imputación por homicidio culposo, dio lugar a las medidas de coerción y ordenó aplicar la medida cautelar, reteniendo de manera provisoria la licencia de conducir del funcionario policial mientras avanza la investigación.
(TIEMPO DE SAN JUAN)
