INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRUna mujer denunciada por presunto ejercicio ilegal de la Psicología en San Juan accedió a una suspensión del proceso a prueba, en el marco de una investigación que se inició a partir de una presentación realizada por el Colegio de Psicólogos de la provincia. Como parte del acuerdo, la mujer deberá pagar $100.000 en concepto de reparación simbólica y cumplir 40 horas de tareas comunitarias no remuneradas.
La causa se originó el 13 de noviembre de 2025, cuando la Unidad Fiscal recibió una denuncia de la licenciada Melisa Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como presidenta del Colegio de Psicólogos de San Juan.
En su presentación, Rodríguez advirtió que la mujer estaría realizando actividades propias de la profesión de Psicología, específicamente en el área de Psicología Social, sin contar con un título universitario habilitante ni encontrarse matriculada o autorizada para ejercer en la provincia.
Según la denuncia, la mujer promocionaba sus servicios como psicóloga social a través de redes sociales, donde publicaba videos y contenidos vinculados con la salud mental, la Psicología y la Psiquiatría. Entre los temas que abordaba se encontraban la depresión, la ansiedad y una supuesta metodología de «programación del cerebro» orientada a curar la depresión.
Debido a que el domicilio de la denunciada se encontraba en San José de Jáchal, las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Fiscal del Norte para continuar con la investigación.
Durante las medidas investigativas se pudo determinar que Vergara había realizado un curso de Psicología Social en la Fundación Casa Cuna, de la provincia de Córdoba, y que había obtenido un certificado de aprobación. Además, esa institución le habría otorgado una matrícula de carácter interno.
La investigación se tramitó bajo la carátula de «Actuaciones investigativas s/ infracción al artículo 247 en perjuicio de la Administración Pública», con intervención del fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Ana Laura López.
El 2 de noviembre de 2026 se arribó a un acuerdo de suspensión del proceso a prueba, que quedó sujeto al cumplimiento de distintas condiciones por parte de la imputada.
Entre ellas, la mujer se comprometió a realizar una reparación simbólica del daño por un total de $100.000, que deberá abonar en dos cuotas de $50.000. Los pagos deberán efectuarse entre los días 1 y 10 del mes siguiente a la homologación del acuerdo, y el dinero será destinado a la institución que determine la Oficina Judicial Multifuero.
Además, deberá cumplir 40 horas de trabajos comunitarios no remunerados, dentro de un plazo de tres meses. La suspensión del proceso a prueba se estableció por el término de un año, período durante el cual deberá cumplir las condiciones acordadas.
La medida no equivale a una condena penal: establece una salida alternativa al proceso, sujeta al cumplimiento de las obligaciones fijadas.
