La compra de vacunas contra el Covid-19 volvió a cubrir con un manto de opacidad a América Latina. La presión de los laboratorios y la desesperación de los gobiernos por adquirir millones de dosis a contra reloj impulsaron cambios en la legislación de casi todos los países de la región. Muchos de ellos modificaron sus leyes para darle indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.

Las negociaciones con Pfizer, la primera compañía en conseguir la aprobación de la vacuna contra el coronavirus, empezaron a mediados del año pasado, pero según un informe del diario londinense The Bureau of Investigative Journalism los términos de la farmacéutica estadounidense para vender sus vacunas a Sudamérica son más duros.
 
Una de las condiciones es asumir totalmente cualquier reclamo o demanda por los posibles efectos adversos de la vacuna.

Además, establece que no se hará responsable por cualquier efecto adverso que la vacuna pueda generar en los pacientes, y que cualquier diferencia jurídica deberá resolverse en los tribunales de Nueva York, para eso el Estado debe renunciar a la inmunidad soberana de todos sus organismos, incluso del Banco Central, en caso de que tenga una sentencia condenatoria.

En el contrato de Brasil, que fue publicado en los últimos días, Pfizer reconoce que no sabe cuándo va a hacer entrega de las dosis compradas anticipadamente y, que no puede ser penalizada si no cumple con plazos anunciados.

También le exigió al Estado brasilero que reconozca y concuerde con los esfuerzos del propio laboratorio para desarrollar y fabricar la vacuna, así como también que al momento de la firma del contrato “las partes reconocen que el producto concluyó la Fase 2b/3 de ensayos clínicos y que, a pesar de los esfuerzos de Pfizer en investigación, desarrollo y fabricación, el producto puede no ser bien sucedido en virtud de desafíos o fallas técnicas, clínicas”.

Otra de las exigencias de Pfizer, es que estos países no podrán procesar al laboratorio ni a ninguno de sus asociados por cualquier falla o efecto adverso que la vacuna pueda causar.
Con respecto a los registros legales y regulaciones, Pfizer fija que no permite ningún tipo de evaluación del producto por parte de las autoridades locales.