Colombia atraviesa días de convulsión social debido a las protestas callejeras contra las políticas del gobierno. Y las denuncias por el “uso excesivo de la fuerza” de la policía no paran.

Anoche, estudiantes, trabajadores, indígenas y otro grupos de la sociedad civil participaron en manifestaciones y piquetes en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y la caribeña Barranquilla, en donde se volvieron a registrar incidentes.

Los ciudadanos que salieron a manifestarse difundieron imágenes y videos de las brutalidad policial: hubo al menos tres muertos, heridos y detenidos.

 En tanto, el presidente Iván Duque anunció la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano.

“Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil“, subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.

 Las reuniones comenzarán este miércoles mismo con presencia de “las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes, asociaciones, el sector privado y a quienes están en las Juntas de Acción Comunal, entre otros“, explicó el mandatario.

En paralelo, el frente social convocó a marchar este miércoles porque “la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria” y lanzó un nuevo pliego con nuevas reivindicaciones, entre ellas el retiro del proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.

Los nuevos pedidos son claros: desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes, retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponer de una renta básica más alta.

 Pese al pedido de los ciudadanos de marchar pacíficamente, el Gobierno anunció que enviará más de 1000 hombres de las Fuerzas Militares y el Ejército para reforzar la seguridad en Cali, la ciudad más afectada durante las manifestaciones.

Una respuesta que desde la oposición ven como una estrategia para “deslegitimar la movilización social” y “una toma de la ciudad por parte del uribismo ante un Gobierno local que se ha planteado alternativo“, denunció la concejala de la fuerza de izquierda Polo Democrático en Cali, Ana Eroza.

 
“Hemos vivido noches de zozobra, mucha represión de la fuerza policial, una violación extrema de los derechos humanos con confrontaciones directas y disparos contra los manifestantes, con un saldo de más de 20 personas que han sido asesinadas en nuestra ciudad”, sostuvo en diálogo con Télam.

No obstante, para algunos sectores del oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, la militarización es insuficiente para hacer frente a los disturbios de los últimos días.

Varios congresistas oficialistas pidieron a Duque declarar la denominada conmoción interior -que otrora se conocía como el Estado de sitio-, contemplada en la Constitución en caso de “una grave perturbación del orden público o institucional” que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, reportó el diario El Espectador.

 En cambio, para la legisladora de Cali, la única forma de terminar con las protestas es si el Gobierno dialoga con los líderes de la movilización social para entender “la situación nacional“.

“No hay otra forma porque el país está cansado del uribismo, que toda la respuesta sea sobre todo militar y, en ese sentido, la gente está super firme en darle continuidad al paro, así se estén arriesgando las vidas” afirmó.

“Los jóvenes han perdido todo, perdieron hasta el miedo y, por eso, están enfrentándose en la calle porque lamentablemente no tienen nada que perder“, sentenció.

 En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal y 89 habrían desaparecido, según un balance de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor de víctimas, como la plataforma Grita, que cifra en 1.181 los casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 3 de mayo, de los cuales 142 fueron de violencia física, 26 de violencia homicida, 56 de disparo de armas de fuego y 9 de violencia sexual por parte de la fuerza pública.