El Senado chileno aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal, de 45 a 40 horas.

El proyecto de ley ingresó en 2017 al Congreso, y fue aprobado en la Cámara Alta por 45 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Para que se convierta en ley solo resta la ratificación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, que debe aprobar las modificaciones incorporadas en el Senado.

El gobierno confía en que la iniciativa pueda convertirse en ley antes de próximo 1 de mayo, conmemoración internacional del Día del Trabajo.

La iniciativa fue presentada al Congreso por diputados del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera de gobierno.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en su primer trámite, no contemplaba inicialmente la gradualidad en su implementación, pero tras su paso por el Senado se estableció que este cambio se hará en un plazo de cinco años.

De esta forma, en el plazo de un año la jornada laboral semanal será de 44 horas, disminuirá a 42 en el tercer año de aplicación de la ley y a 40 horas luego de cinco años.

La normativa establece que la nueva carga horaria de la jornada laboral no podrá significar la reducción de las remuneraciones de los asalariados y el gobierno la justifica para que los trabajadores tengan más tiempo para realizar actividades diferentes al trabajo.

En enero de 2005 Chile aplicó una primera reducción de su jornada laboral semanal, de 48 a 45 horas.

De aprobarse esta segunda reducción, Chile se sumará a Ecuador como los dos únicos países de América Latina en establecer por ley las 40 horas semanales. En Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay son 48 horas.

Brasil, El Salvador, Guatemala y Venezuela tienen una jornada laboral de entre 42 y 45 horas semanales, según datos actualizados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

América Latina es una de las regiones del mundo donde más horas se trabaja al año y tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas, según la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).