A un día del encuentro de los gobernadores con el presidente Javier Milei hacia el Pacto de Mayo, el Ejecutivo prorrogó un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza el envío automático de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se estableció mediante el DNU 231, publicado este jueves 7 de marzo en el Boletín Oficial.
La medida llega luego de que el Gobierno había tensado al máximo el conflicto de los gremios de maestros -que realizaron un paro nacional y otro parcial en el inicio del ciclo lectivo- y con los gobiernos provinciales por los recortes en esas partidas.

 En los considerandos del decreto, se aseguró el “reparto automático de los recursos” a los ministerios de Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para “cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.

Ante la prórroga del Presupuesto 2023, el Ejecutivo señaló que “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

 Por su parte, recuerda que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo estableció por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.

¿Qué va a pasar con los fondos educativos en marzo?
A raíz del DNU 231, el Gobierno garantizó el envío de los fondos educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires al prorrogar el artículo 7 de la ley 26.075 que establece el “el pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”. En uno de los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que ante la situación económica y social “resulta necesario dar continuidad a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo”.

 Esta medida se da luego de la tensión entre los gremios docentes y los gobierno provinciales con el Ejecutivo quienes habían rechazado la decisión que tomó Milei acerca de la retención de las partidas presupuestarias para educación.

 Según dicta la 26.075, el Ejecutivo debe repartir una cantidad equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI).