Senado echó a empleado que no iba a trabajar: tenía una condena y usaba tobillera electrónica
Los desaguisados con los que se encuentran las flamantes gestiones que ingresan al Congreso -muchos siguen en pie, a pesar de los años- volvieron a regalar una situación insólita, esta vez, en el Senado: un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el 1 de febrero pasado. Tras semanas de investigación, Infobae corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.
El febrero pasado, en una resolución firmada por la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo -mano derecha de Victoria Villarruel-, se informó que el prosecretario de Coordinación Operativa de la Cámara alta, Manuel Chavarría, solicitó la baja de unos agentes a partir del 1 de dicho mes. Según los argumentos de la resolución, la ley que regula al personal del Congreso -24.600- “establece que el personal de la Planta Temporaria, por razones de servicio excepcionales, podrán ejercer transitoriamente funciones técnicas, administrativas, de maestranza y de servicio”.
Ante las reiteradas ausencias sin ningún tipo de justificación en la mencionada prosecretaría y, con el uso de las facultades que le permite la normativa vigente, Izzo dio anuló el estatus de los tres empleados. No obstante, uno de ellos, J.B., que ingresó en 2014 a la Cámara alta por pedido de la ex senadora rionegrina y actual legisladora provincial, Magdalena Odarda, avaló en agosto de 2021 la pena “de un año y medio de prisión en suspenso” por diversos delitos de amenazas y daños. Hubo tres víctimas involucradas en el expediente judicial.
El fallo agregó dos años de pautas de conducta como “fijar domicilio del que no podrá ausentarse ni mudarse sin dar aviso de ello”; “iniciar un tratamiento psicológico grupal e individual” tendientes “a abordar el consumo problemático de alcohol y drogas, su impulsividad y sus reacciones violentas”; “someterse a una prohibición de acercamiento y contacto en un radio de 300 metros” respecto de las tres víctimas, como así también “respecto de sus domicilios personales y laborales”; y un monitoreo “durante seis meses, del siguiente modo: los cuatro meses iniciales con un dispositivo dual de seguimiento, para continuar luego de evaluar las circunstancias con una tobillera”.
“Te voy a levantar del cogote, mirame a los ojos”; “ahora sí te asusto”; “dame el nene sino te voy a desmayar de una piña”; “tu madre es una hija de puta, la voy a matar, voy a matar a todos los estén con tu madre”; “seguro el viejo de acá al lado llamó a la policía, lo voy a matar”; y “te voy a matar, para qué le contaste, voy a venir todos los días hasta que te encuentre”, son algunas frases sobre sucesos que este medio corroboró en el fallo definitivo de la justicia rionegrina. A pesar de todo esto, autoridades de la entonces gestión de Cristina Kirchner obviaron este tema y el involucrado siguió conectado de manera laboral al Senado. El 1 de febrero pasado fue eyectado.
Otras medidas
Desde el 10 de diciembre pasado, Infobae publicó varias decisiones adoptadas por Villarruel e Izzo. Por caso, se desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; se rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y se echaron a varios empleados por ausentarse sin justificación.
En otra resolución de Villarruel se detalla el sendero de un trabajador que revistaba la planta permanente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y que pidió licencia allí, durante el gobierno de Alberto Fernández, para tener un cargo como personal político -transitorio- de Cristina Kirchner en el Senado. La ex secretaria administrativa y actual diputada provincial de La Cámpora, María Luz Alonso (La Pampa), permitió que el trabajador se convirtiera en planta permanente de la Cámara alta. La Vicepresidenta lo desactivó semanas atrás.
Otra resolución de Izzo, la 112/24, se refiere a los agentes transitorios que se van del Senado cuando finaliza el mandato del correspondiente legislador. Sin embargo, una persona que trabajó con el hasta el 10 de diciembre legislador y otrora gobernador de Misiones, Maurice Closs, obtuvo la planta permanente el 25 de octubre pasado, a tres días de las elecciones generales. Por no cumplir con la ley 24.600 -personal legislativo-, quedó afuera de la “casa”.
Izzo fue votada como secretaria administrativa del Senado el 13 de diciembre pasado, cuando un conglomerado del oficialismo y la oposición no kirchnerista juntaron 39 votos para designar autoridades y repartirse la integración de las comisiones. Allí también recibió luz verde el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian, quien lleva al detalle el día a día de la labor legislativa.
Ambos funcionarios fueron ratificados por unanimidad el viernes 23 de febrero pasado, cuando se realizó -como plantea el reglamento- la sesión preparatoria. Allí, el kirchnerismo cambió su postura -se abstuvo en diciembre último- y votó en conjunto con La Libertad Avanza y el resto de la oposición.
Lupa a la obra social
El miércoles de la corriente semana, Izzo fue designada por Villarruel en la “presidencia de la comisión administradora de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso”. Es una de las áreas más sensibles por la inevitable conexión con el sindicalismo. Fue reclamada con ansiedad y sin éxito no sólo por el titular de Diputados, Martín Menem, sino también por su entorno.