Comenzarán a revisar las pensiones no contributivas por invalidez: ¿Cuántas hay en San Juan?
En agosto, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) iniciará una auditoría exhaustiva en todo el país para conocer el estado de cada uno de los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. La medida se tomó a partir de las irregularidades detectadas por una auditoría que realizó dicha agencia. A partir de esto se dio a conocer cuántas pensiones han sido entregadas en cada provincia, entre éstas San Juan .
Según los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae, a junio último, las pensiones por invalidez sumaban 1.213.293 en todo el país. La cifra representa el 3% del total de la población. En San Juan, implica el 2% de su población lo que equivale a 25.126 personas.
Este tipo de beneficios lo reciben personas que, debido a un grado de discapacidad acreditada, no pueden trabajar por invalidez. Su monto en julio fue $220.907 por mes.
Ahora se trata de determinar cuántas pensiones no contributivas por invalidez fueron otorgadas como una política social de asistencia, sin cumplir los criterios médicos exigidos por la normativa. Vale aclarar que el último decreto sobre las pensiones por invalidez, Nro 7/2023, determina que el principal requisito es “encontrarse imposibilitada o imposibilitado, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”.
Esto “se acreditará mediante la presentación de Certificado Médico Oficial (CMO), suscripto por profesional médico o médica de establecimiento sanitario oficial o de la Agencia Nacional de Discapacidad y con la evaluación socioeconómica” realizada por el ANDIS.
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 25% de los beneficiarios de todo el país. Chaco sigue en segundo lugar con 98.116, lo que equivale el 8% de la población. En tercer lugar está Santiago del Estero con 83.172 personas, el 7% de la población.
El lugar 12 corresponde a San Juan con 25.126 beneficiarios de la población total que es de 822.853 personas. Esto es el equivalente al 2% de la población.
Para certificar que este requisito se cumpla, y a su vez poder detectar cuántos beneficios fueron otorgados irregularmente, es que ANDIS iniciará la auditoría. “La idea es que no se quite ningún beneficio que corresponda, y que se den de baja todos los que fueron mal otorgados”, señalaron fuentes de la Agencia.