Los diputados de San Juan aprobaron en general la adhesión al RIGI
La discusión en la Legislatura provincial por la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) dejó tela para cortar. Es que la aprobación de la norma llevaba las de ganar, como finalmente ocurrió. No fue por unanimidad ni una mayoría abrumadora, pero sí con los votos suficientes para que se convierta en Ley: tuvo 21 votos a favor y 14 en contra.
La sanción era por demás esperada por el Gobierno provincial y también por los empresarios locales, nacionales e internacionales, ya que la provincia cuenta con varios interesados en invertir en distintos sectores, principalmente el minero. Luego de varias semanas de debates y de negociaciones, finalmente la Legislatura le dio el visto bueno al proyecto orreguista y así oficializar el acompañamiento a la ley que meses atrás fue aprobada a nivel nacional.
A las 10:40 horas de este jueves comenzó el debate en la Legislatura y allí pudieron escucharse argumentos de todo tipo. Desde el oficialismo, los fundamentos del voto positivo giraron en torno a explicar que el RIGI traerá beneficios a la provincia como una generación masiva de puestos de trabajo y un crecimiento sustancial del desarrollo económico local mediante la llegada de inversiones privadas de grandes capitales extranjeros.
Por su parte, la oposición fijó su postura en cuatro puntos clave: el poco estudio que tuvo la Ley y la urgencia con la que se buscó su tratamiento; la pérdida de la soberanía jurídica y legislativa que supone esta adhesión para San Juan y el país; el riesgo que corren los recursos naturales como el agua; y la falaz promesa de trabajo inmediato y masivo que prometen quienes están a favor.
Finalmente, el proyecto fue sometido a votación a las 16:05 horas, y en ese momento la pantalla ubicada arriba del estrado donde se sienta el presidente de la Cámara, Fabián Martín, marcó el resultado final; con 21 votos favorables, San Juan adhirió plenamente al RIGI, y el orreguismo ganó cómodamente su primera pulseada importante en la Legislatura.
En tanto que, mientras los legisladores debatían en el interior del recinto, las afueras de la Legislatura estaban marcadas por una serie de manifestaciones. Organizaciones como el Polo Obrero y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se congregaron en el cruce de avenida Libertador y calle Las Heras para expresar su rechazo al RIGI. Los manifestantes argumentaron que la medida no beneficiará a la población en general y, en cambio, solo favorecerá a grandes corporaciones en detrimento de los intereses locales.
¿Qué es el RIGI?
De acuerdo con el artículo 162 del texto aprobado en Diputados, el RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.
En concreto, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras, el RIGI tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de “ciertos sectores económicos”; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.
Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.
El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que el RIGI “dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, y permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones en una década”. Asimismo, destacó que el régimen atraerá inversiones superiores a los US$ 200 millones que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.