El negocio de la discapacidad: El gobierno auditó las pensiones por invalidez laboral y hay un desfalco de US$ 2000 millones por año

La Agencia Nacional de Discapacidad –ANDIS- a cargo de Diego Spagnuolo, realizó una auditoría interna sobre las pensiones por invalidez laboral. ¿Quién manejaba la quinta caja más grande del gobierno de Alberto Fernández?.

En agosto de este año, el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, realizó una auditoría de las pensiones por invalidez laboral en los distritos de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta. Encontraron irregularidades escandalosas en la entrega de Pensiones por Invalidez Laboral.

Según el informe que accedió NA “los primeros resultados de las auditorías de pensiones por invalidez laboral están revelando inconsistencias alarmantes en el otorgamiento de las mismas durante las gestiones anteriores”.

El informe que supervisó Spagnuolo revela que “la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un  desvío de fondos estimados entre $1200 y $2000 millones de dólares al año”.

Se auditaron 29 mil pensionados en CABA y 300.000 en provincia de Buenos Aires. También se investigaron 175 mil pensiones en Chaco, Jujuy y Salta.

Los resultados de la primera etapa en CABA son inquietantes: de los 10.000 beneficiarios contactados, un  67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones.

En la provincia de Buenos Aires, se citaron 900 pensionados. De ellos, 180 (un 21%) no pudieron ser localizados. De los 720 notificados, solo 462 asistieron, y de estos, apenas el 20% cumplía con todos los requisitos exigidos por la normativa. El 80% restante no cumple, y un 13% carece de la documentación necesaria.

Los casos más bizarros o insólitos:
Entre los casos que más llamaron la atención apareció un hombre con cuatro diagnósticos de salud diferentes y que se presentó en la sede de ANDIS acompañado de un abogado.

Hubo otros casos de pensionados que llegaron respaldados por representantes del “Movimiento Evita” y otros abogados.

Otra persona aseguró que su padre estaba en Egipto desde hacía meses pero quería mantener la pensión por invalidez laboral.

Una señora intentó hacerse pasar por su marido fallecido pero el marido estaba vivo.

Dos personas tenían la pensión por invalidez laboral y estaban presos con condena firme. ¿Cómo trabajaban desde la cárcel?

Quién es Paula Martínez
La vedette Paula Martínez pasó de servirle los fideos a Tato Bores a manejar la asignación de recursos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La actual gestión la responsabiliza del descontrol en la asignación de pensiones por invalidez y la justicia comenzó a investigarla.

Fue la directora Nacional de Apoyo y Asignación Económica. Manejó 3400 millones de dólares en la asignación de pensiones por invalidez en todo el país. Era la quinta caja más jugosa de la Argentina detrás de ANSES, PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud y el ex Ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. 

Durante su gestión, se entregaron 300 mil nuevas pensiones, miles de ellas, en los días finales de la gestión de Alberto Fernández. Hoy el fiscal Guillermo Marijuán investiga el marco legal por el que se modificó la normativa para flexibilizar los controles lo que provocó un descontrol en la distribución de las pensiones.

La gestión actual de la Agencia Nacional de Discapacidad, encabezada por Diego Spagnuolo, explica que por la oficina de Martínez pasaban los cuestionados documentos de los flamantes pensionados, entre ellos, personas que ya habían fallecido, dueños de yates, barcos, autos de lujo, aviones privados y hasta un beneficiario que tenía 18 automóviles registrados en provincia de Buenos Aires. Supuestamente, el pensionado debía tener ingresos que no superasen la canasta básica.

Martínez era la encargada de los “abordajes territoriales”, una especie de “plan platita” de la discapacidad en la que se iba a buscar a los “pensionados” por pueblos y provincias.