La Defensoría del Pueblo pide informes por las mineras que no estarían pagando retenciones
Debido a las notas periodísticas trascendidas en Zonda Diario, sobre empresas mineras que no estarían pagando retenciones, la Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza, pidió informes a Barrick.
La controversia se desató a raíz de un informe publicado por el medio nacional Política Online, que sostiene que Barrick-Shandong Gold habría dejado de pagar retenciones durante los últimos 7meses. El incumplimiento sería consecuencia de un vacío legal relacionado con el vencimiento del marco regulatorio que establecía las alícuotas correspondientes. De acuerdo con el medio, la empresa habría aprovechado esta situación para evitar el pago de tributos millonarios.
En este marco, el Diputado Walberto Allende, en su rol como Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, explicó que el vencimiento de los decretos que regulan las alícuotas de exportación fue advertido en abril pasado y se suponía resuelto. Sin embargo, según las últimas denuncias, la situación persiste. Este incumplimiento tiene implicancias directas para las provincias, ya que los derechos de exportación son coparticipables y representan ingresos clave para las finanzas provinciales, especialmente en contextos de crisis económica.
"Aunque estos impuestos son nacionales, afectan a las provincias porque son coparticipables. En tiempos de crisis, un ingreso extra es vital para las magras alcancías provinciales", afirmó Allende.
El caso de Veladero podría no ser único. Según Allende, es necesario analizar si otras empresas mineras, especialmente en Santa Cruz –principal exportadora de oro en el país– y las que explotan otros metales con tributos del 4.5%, están incurriendo en situaciones similares.
El rol de la Defensoría del Pueblo
En cumplimiento de su mandato constitucional y de la Ley 344-E, la Defensora del Pueblo solicitó a Barrick informar sobre el esquema de retenciones aplicado durante 2024 para la mina Veladero, ubicada en Iglesia.
"Es nuestro deber actuar de oficio ante cualquier situación que pueda afectar los intereses de los sanjuaninos. Este caso plantea interrogantes que requieren respuestas claras e inmediatas", sostuvo Peñaloza.