Echaron a un sanjuanino que con licencia médica estaba en un piquete en Mendoza

La Administración de Parques Nacionales aplicó la sanción de cesantía a Federico Soria, el activista “anti minería contaminante” que fue detenido tras la marcha de fines de enero, en Uspallata.

Soria era empleado público nacional, dependiente del Parque Nacional El Leoncito, de San Juan.

Según la resolución, se comprobaron irregularidades en el usufructo de una licencia médica de largo tratamiento: “El agente desarrolló actividades físicas y sociales de alta exigencia, incluyendo participación en marchas públicas –anti minería-, tareas de construcción y albañilería y guiado turístico de montaña”.

 Los argumentos de Nación para echar al activista anti minería de Uspallata
El directorio del organismo nacional resolvió el 29 de mayo que nunca se puso en tela de juicio la existencia formal de la licencia médica concedida a Soria ni el diagnóstico clínico consignado por profesionales; pero sí el modo en que el agente hizo uso de su licencia.

 La administración del Parque El Leoncito tomó la decisión de desplazar a un trabajador que tenía licencia por enfermedad y estaba en una marcha.
“Lo que aquí se analizó no es la pertinencia de la licencia médica en abstracto, sino el modo en que fue ejercida por el agente Soria, esto es, la compatibilidad entre las actividades efectivamente desarrolladas durante su licencia y el estado de salud invocado para justificar la imposibilidad de asistir a su puesto de trabajo y cumplir tareas”.

Para Parques Nacionales, las actividades de alta exigencia que llevó a cabo el activista “no sólo se contraponen con la naturaleza y severidad del cuadro clínico invocado, sino que además desnaturalizan el espíritu del régimen de licencias al evidenciar una conducta ajena a un proceso de convalecencia real”.

 En los argumentos, el organismo hizo foco especialmente a la detención de Soria tras su participación en la manifestación contra la minera PSJ cobre mendocino en Uspallata.

“Durante el usufructo de una licencia por afecciones de largo tratamiento, a raíz de una patología psiquiátrica, el agente fue identificado participando activamente en manifestaciones sociales en la localidad de Uspallata, algunas con connotaciones violentas, lo que derivó en una orden de detención por parte del Poder Judicial de Mendoza, su posterior captura y privación de la libertad por dos días, y su excarcelación bajo caución”, escribió el directorio.

Y además, dijeron, probaron con videos y fotos que Federico Soria desempeñó tareas de construcción y albañilería, y llevó adelante un emprendimiento turístico como guía de montaña en Mendoza. Actividades que “son manifiestamente incompatibles con la afección invocada para justificar su imposibilidad de trabajar, configurando una situación de simulación y falseamiento de la situación médica real”.

 En tanto que, según el documento, “se verificó que el agente se trasladó y fijó residencia permanente en Mendoza, sitio que fue declarado por el sumariado en su declaración indagatoria al consultarle sobre su domicilio, abandonando la jurisdicción correspondiente a su lugar de trabajo, Parque Nacional El Leoncito, San Juan, sitio donde concursó el cargo que detenta, sin haber informado formalmente su cambio de domicilio oportunamente, en clara vulneración de los deberes administrativos impuestos por la norma”.

La Nación, sobre la detención de Soria tras la marcha anti minera en Uspallata
Resulta “evidente” para la Nación que Soria no se vio imposibilitado de desarrollar actividades laborales o sociales en términos generales, “sino únicamente aquellas propias de su función pública dentro del Parque Nacional El Leoncito”.

Eso, dijeron, puso de manifiesto que “no existió una incapacidad objetiva para prestar tareas, sino más bien una voluntaria desvinculación fáctica de sus deberes funcionales, al mismo tiempo que se encontraba en condiciones de realizar otras actividades, incluso más demandantes, con total normalidad”.

Respecto de su situación procesal, el organismo nacional explicó que se derivó de su participación en “hechos de conmoción pública” en Mendoza y que tuvo amplia repercusión mediática, lo que generó para la Administración de Parques Nacionales “una exposición pública indeseada que afecta su prestigio histórico y la imagen institucional del organismo”.

Así, para la Administración, el perfil de Soria no resulta compatible con el perfil ético ni con los principios rectores de Parques, que “un agente que permanece en situación de licencia médica por largo tratamiento, alegando imposibilidad para cumplir funciones, sea al mismo tiempo protagonista de hechos judicializados de relevancia pública, ni que su figura se vea asociada a situaciones de violencia o evasión de la justicia”.

Por todo lo expuesto, los directivos resolvieron la cesantía del activista que marchó contra la minería de PSJ cobre mendocino en Uspallata.

 
Fuente: Diario Uno