Imputaron a un sanjuanino por comprar y tener pornografía infantil
Un sanjuanino fue detenido e imputado por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. La Justicia ordenó prisión preventiva domiciliaria. Pagaba en dólares por contenido explícito de menores, según la investigación de una ONG de EE.UU. y la UFI de Delitos Informáticos.
Un grave caso de abuso infantil con alcance internacional ha conmocionado a San Juan esta semana. D.R.P, un hombre con domicilio en Villa Aberastain, Pocito, fue detenido e imputado por la presunta comisión del delito de distribución y tenencia de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas, en calidad de autor.
La investigación, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, y liderada por los fiscales Eduardo Gallastegui y Maximiliano Yanzón, reveló que desde el año 2022 D.R.P realizaba pagos en dólares al exterior para acceder a material pornográfico infantil. Según se determinó, el dinero utilizado para estas transacciones provenía de transferencias realizadas por su hijo, quien reside en Estados Unidos.
El acusado fue detectado debido a las reiteradas suspensiones de su cuenta de WhatsApp, que sufrió al menos siete bloqueos. Estas suspensiones fueron motivadas por compartir archivos que contenían términos sensibles como "child" (niño). Tras cada bloqueo, Pino cambiaba de número telefónico, lo que generó alertas que derivaron en una investigación profunda por parte de las autoridades.
La causa tomó un giro de mayor envergadura cuando una ONG estadounidense, dedicada a combatir la pornografía infantil, denunció que D.R.P no solo consumía este tipo de contenido, sino que también lo distribuía. Esta información permitió ubicarlo como parte de una red con al menos seis personas involucradas.
En una audiencia de control de detención y formalización realizada en la Sala 9 del fuero penal, el juez Rodolfo Figuerola formalizó la causa y ordenó la prisión preventiva domiciliaria por un plazo de tres meses. Pino cumplirá esta medida en su departamento ubicado en Pocito, y se ordenaron rondas policiales aleatorias para controlar el estricto cumplimiento de la misma.
El proceso penal continuará por un plazo inicial de ocho meses, mientras se profundiza la investigación sobre el alcance de la red de distribución de material de abuso infantil. El acusado enfrenta cargos graves contemplados en los artículos 128 y 45 del Código Penal.
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