Tras la alianza, los gobernadores evalúan armar un interbloque para presionar a la Casa Rosada por los fondos

Ocho gobernadores comenzaron a coordinar acciones en el Congreso para presionar por más recursos y reformas en la coparticipación. 

 Tres de ellos son peronistas; los otros cinco, de diferentes colores políticos. Todos comparten un mismo objetivo: recibir más fondos y consolidar estrategias electorales, manteniendo el diálogo con la Casa Rosada, pero demostrando poder territorial y presencia en el Congreso, el espacio de mayor debilidad política para el oficialismo.

 Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Claudio Vidal, mandatarios de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Santa Cruz respectivamente, lanzaron “Un grito federal” e inciden en las decisiones de diputados y senadores con terminales en distintos espacios políticos: Encuentro Federal, el PRO, la UCR, Democracia para Siempre e incluso entre los legisladores de Santa Cruz.

 Los otros tres gobernadores representan a provincias peronistas: Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Este último tiene su propio bloque, de tres diputados, denominado Independencia. Los salteños, en tanto, integran un interbloque, Innovación Federal, junto a los representantes de Misiones y Río Negro.

 El impacto en el Congreso
 
Más allá de las elecciones del 26 de octubre, las estrategias parlamentarias podrían empezar a desplegarse en los próximos encuentros en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya diagrama dos sesiones especiales.

 La primera, prevista para el 6 de agosto, tendría un amplio temario que incluiría proyectos vinculados al financiamiento de las universidades nacionales y al Hospital Garrahan, además de emplazar —es decir, fijar fecha de tratamiento— a la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, para discutir los proyectos de modificación en la coparticipación solicitados por los gobernadores, entre otros puntos.

 La segunda sesión especial sería el 20 de agosto, para discutir ya en el recinto las iniciativas de cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dos proyectos que ya cuentan con sanción del Senado y podrían ser convertidos en ley.

 El diputado Juan Brügge, de la Democracia Cristiana de Córdoba, le dijo a TN que “los gobernadores marcaron la manera de hacer la nueva política entre espacios políticos diferentes, pero con el mismo objetivo: lograr una mayor equidad territorial, adecuados recursos coparticipables y un equilibrio en el desarrollo de todas las provincias del interior. Aspectos que ya, desde el Congreso, venimos pregonando. Como Democracia Cristiana integramos este frente porque tenemos una vocación pluralista”.

 Brügge agregó que “este acuerdo es electoral, pero desde diciembre podría reflejarse en un nuevo bloque federal que buscara velar por los intereses de las provincias, tanto en Diputados como en el Senado. Es una nueva expresión de lo que necesita la Argentina”.

 Para ambos pedidos de sesiones especiales, los sectores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda necesitarán alcanzar el quórum de 129 diputados sentados en sus bancas para poder abrir el recinto de la Cámara baja.

 Mientras tanto, los diputados están pendientes de la decisión que tome el Poder Ejecutivo respecto a las leyes de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

 El presidente de la Nación tiene tiempo hasta el lunes 4 de agosto para vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Parlamento. A partir de esa decisión, los proyectos regresarán al Congreso, a la Cámara de origen de los debates: la Cámara de Diputados. En ese caso, los legisladores tendrán solo dos opciones: rechazar el veto presidencial —para lo cual necesitarán alcanzar la mayoría de dos tercios de los diputados presentes— o aceptarlo.