Sanjuaninos esperan respuesta sobre pensiones por discapacidad

La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, ha realizado una presentación ante la Justicia Federal para reclamar por la suspensión de pensiones por discapacidad que el Gobierno Nacional aplicó a un grupo de sanjuaninos. En términos generales, solicitó que se declare la nulidad de las decisiones que suspendieron "la pensión NO contributiva por invalidez laboral" a un total de 22 personas, decisión emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Asimismo, la Defensora pidió que se ajusten los procedimientos de auditoría en toda la provincia y declaró la inconstitucionalidad del decreto nacional que modifica los requisitos para acceder y mantener la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Además, solicitó que se dicte una medida cautelar que permita restablecer el pago de estas pensiones mientras se tramita la causa.

 Sin embargo, según informaciones obtenidas, las medidas cautelares fueron rechazadas por el juez de la causa, Leopoldo Rago Gallo, quien decidió enviar el expediente a Catamarca. Este paso se debe a que en dicha provincia se inició un proceso colectivo nacional sobre las pensiones, por lo que el juez federal correspondiente deberá tramitar el caso.

La disminución de las pensiones por invalidez ha generado un clamor significativo en el país, lo que ha llevado a que se presenten reclamos similares en provincias como Catamarca, La Rioja y Tucumán. El Gobierno Nacional ha decidido realizar una auditoría exhaustiva de todas las pensiones por invalidez, argumentando que existen casos irregulares en los que se otorgaron beneficios a personas no elegibles.

 En San Juan, durante las últimas semanas, muchas personas con discapacidad han acudido a las oficinas locales de ANDIS para cumplir con el decreto nacional, lo que ha derivado en quejas sobre el procedimiento. Luis Rubén Flores, uno de los afectados, denunció que se le notificó sobre la suspensión de su beneficio por no presentarse a la evaluación, a pesar de haber cumplido con el proceso.Juan Marina Yañez también señaló que nunca recibió notificación alguna para presentarse a la evaluación y ha solicitado la rehabilitación de su beneficio sin respuesta, sumándose a otros 20 casos similares.

Los damnificados afirman que se les ha "cercenado el derecho a la percepción del haber de mi pensión como consecuencia de un trámite que adolece de serias irregularidades, sin oportunidad de ejercer mis derechos, a pesar de acreditar mi condición de persona con discapacidad". En una entrevista, Peñaloza confirmó que son 22 los firmantes de la demanda, aunque no especificó cuántas personas han tenido problemas en San Juan.

 El juez Rago Gallo, tras recibir el reclamo, consideró que la causa debía ser trasladada a la Secretaría de Seguridad Social del Juzgado N°2 Federal de Catamarca debido a la existencia de un trámite similar ya en curso allí, lo que podría evitar sentencias contradictorias y generar inseguridad jurídica entre los beneficiarios.

A pesar de los intentos de la Defensoría del Pueblo por que se dictara la medida cautelar antes de enviar el expediente, el juez se lo rechazó, siguiendo lo establecido por la Corte Suprema en casos de conexidad.

Por lo tanto, los 22 sanjuaninos deberán aguardar una resolución tanto sobre la medida cautelar como sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, se cuenta con el antecedente de que el juez de Catamarca ha otorgado medidas cautelares en situaciones similares.

 
Recientemente, se ha informado que el Gobierno Nacional tuvo que restituir un total de 15.838 pensiones que habían sido dadas de baja desde julio pasado, tras una orden de la Justicia de Formosa al dar curso a una medida cautelar, estableciendo un plazo de tres meses para que los beneficiarios presenten su documentación.