El Gobierno postergó el nuevo IPC: analizan aplicarlo recién en el segundo semestre

La salida de Marco Lavagna del INDEC no fue un hecho aislado ni sorpresivo puertas adentro del Gobierno. En Casa Rosada sostienen que la renuncia del ahora ex titular del organismo estadístico estuvo directamente vinculada a la decisión oficial de postergar la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación, una promesa que, aseguran, se concretará recién en el segundo semestre del año.

Según explicaron fuentes con acceso al despacho presidencial, el Ejecutivo considera que no es “metodológicamente serio” modificar el sistema de medición en medio de un proceso de desinflación en curso, aun cuando el cambio pudiera arrojar una décima menos en el índice mensual. La prioridad, remarcan, es consolidar la baja sostenida de precios antes de introducir ajustes técnicos.

Esa línea fue ratificada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes señalaron que Lavagna pretendía implementar el nuevo esquema de inmediato, mientras que el presidente Javier Milei optó por esperar a que el índice mensual quiebre el piso del 1%.

En ese contexto, el Gobierno resolvió mantener por ahora la metodología vigente y avanzar con el reemplazo de Lavagna por Pedro Lines, hasta ahora su segundo en el organismo, a quien en Balcarce 50 definen como un “técnico de carrera” con el perfil adecuado para encarar el proceso cuando llegue el momento político y económico.

La actualización del índice es además un compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, aunque desde el Gobierno descartan que la postergación genere ruidos en la negociación. “El índice se va a sincerar, pero mientras tanto el número es el que refleja la medición actual”, afirmaron fuentes oficiales.

El cambio central del nuevo IPC pasa por la actualización de la canasta de consumo, que se elaborará sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017–2018, en reemplazo de la que se utiliza desde 2004. Según especialistas, no se trata de una modificación conceptual en la forma de medir la inflación, sino de una adaptación a los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos.