Ordenan interrumpir el embarazo de una joven que denunció abuso de un pariente
A poco más de una semana del fuerte impacto que generó en la provincia el caso de una menor violada y embarazada, la Justicia sanjuanina vuelve a verse sacudida por una situación similar, esta vez con una joven de 18 años como víctima, la cual denunció a un familiar por la agresión sexual y, por las consecuencias del abuso, debió ser sometida a una interrupción legal del embarazo (ILE).
El hecho salió a la luz tras una consulta médica en el Hospital Rawson, donde la joven acudió por vómitos y mareos que su entorno atribuía a una gastritis. Sin embargo, una ecografía reveló una realidad mucho más compleja: estaba embarazada.
Fue en ese contexto que la joven confesó haber sido atacado sexualmente por un familiar cercano, a quien posteriormente denunció ante la UFI CAVIG. A partir de esa presentación, se activó un rápido operativo judicial para proteger a la víctima y avanzar en la investigación.
El caso derivó en la detención del sospechoso, quien ya cumple prisión preventiva en el Penal de Chimbas por disposición del juez de Garantías Javier Figuerola, tras un pedido encabezado por el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio.
La medida se dictó por un plazo inicial de dos meses, mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria, que tiene una duración estimada de ocho meses.
En paralelo, y en cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.610, la joven fue sometida a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento contemplado en casos de violación y garantizado por la normativa vigente.
El hecho tuvo origen semanas atrás en Alto de Sierra, en el departamento Santa Lucía, donde la joven —de un entorno vulnerable— comenzó a presentar síntomas que motivaron la consulta médica. Lo que parecía un cuadro digestivo terminó destapando un grave caso de abuso que ahora es investigado por la Justicia.
Entre las pruebas clave se encuentra el análisis de ADN que realiza el Complejo Forense, el cual comparará muestras de la denunciante, del imputado y del feto. Según indicaron fuentes cercanas, los resultados podrían demorar más de un mes y serán determinantes para el avance de la causa.
El nuevo episodio vuelve a generar conmoción en la provincia y pone el foco en la actuación judicial y sanitaria ante situaciones de extrema vulnerabilidad, en un contexto reciente marcado por casos similares que mantienen en alerta a la sociedad.