Ahora, Quintela impulsa una ley para rechazar los límites vigentes con San Juan y hacerse de recursos naturales
La disputa entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo capítulo. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, envió a la Legislatura de su provincia un proyecto de ley para ratificar el rechazo a los acuerdos que establecieron los límites interprovinciales vigentes, una iniciativa que vuelve a poner en debate una controversia histórica que había cobrado fuerza durante los últimos meses.
La presentación se enmarca en una serie de planteos impulsados por el mandatario riojano, quien cuestionó la validez de los acuerdos alcanzados en 1968 y sostuvo que parte del territorio actualmente bajo jurisdicción sanjuanina fue cedido de manera irregular. Entre los puntos que generaron mayor controversia aparecen Ischigualasto y sectores vinculados a importantes proyectos mineros ubicados en el norte de San Juan.
El núcleo de la normativa que comenzará a debatir el parlamento riojano —donde el oficialismo ostenta una cómoda mayoría— radica en el desconocimiento absoluto de las fronteras fijadas a finales de la década de 1960. El texto ratifica en todos sus términos la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual se había desechado el acuerdo de límites suscripto en marzo de 1968 por los entonces interventores de facto Guillermo Iribarren (La Rioja) y Edgardo Gómez (San Juan).
De acuerdo a la publicación de La Rioja Política, más allá del posicionamiento histórico del gobierno riojano, la ley otorga facultades extraordinarias y mandatos específicos a distintas órbitas del Estado para frenar cualquier avance de San Juan sobre el territorio reclamado. de esta manera se instruye a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones de forma inmediata y solicitar ante los tribunales competentes medidas cautelares de no innovar o de tutela anticipada. El objetivo de estas cautelares es, según indican, salvaguardar los recursos naturales, hídricos, arqueológicos y, fundamentalmente, mineros ubicados en la zona de conflicto.
Además, La Rioja buscará impedir judicialmente cualquier acto de disposición, explotación o avance jurisdiccional unilateral por parte de San Juan o de terceros concesionarios privados hasta que se resuelva la discusión de fondo.
La respuesta de San Juan a los planteos anteriores
Desde la provincia, la postura oficial ha sido rechazar esos cuestionamientos. El gobernador Marcelo Orrego ratificó en distintas oportunidades que los límites están respaldados por la Ley Nacional 18.004 y por la normativa vigente desde hace más de cinco décadas. En la misma línea, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó semanas atrás una declaración de repudio a las expresiones de Quintela, mientras que legisladores nacionales también impulsaron iniciativas para defender la jurisdicción provincial.
El conflicto, sin embargo, ya venía escalando en etapas previas. En una reciente exposición en Buenos Aires, Quintela había elevado el tono del reclamo al cuestionar nuevamente los acuerdos de 1968 y vincular la discusión limítrofe con el desarrollo del proyecto minero Josemaría y el estatus del Parque Ischigualasto, reconocido como Patrimonio Natural de la Humanidad.
En aquella oportunidad, el mandatario riojano sostuvo que los límites fueron establecidos por autoridades de facto durante el gobierno de Juan Carlos Onganía y planteó la necesidad de revisión institucional, señalando al Senado de la Nación como ámbito competente para resolver este tipo de controversias entre provincias.
Con este nuevo proyecto, la tensión entre La Rioja y San Juan vuelve a escalar y suma un capítulo más a una disputa histórica que combina elementos jurídicos, políticos y económicos, y que hoy se proyecta nuevamente sobre el mapa de la cordillera central.