Inclusión escolar: impulsan una ley para darle respaldo legal a las DAI en San Juan
Las acompañan todos los días en el aula, adaptan contenidos, articulan con docentes, familias y terapeutas, y muchas veces son la condición para que un estudiante con discapacidad pueda sostener su trayectoria escolar. Sin embargo, en San Juan las Docentes en Apoyo a la Inclusión (DAI) aseguran que desarrollan esa tarea sin una ley que las reconozca formalmente. Por eso impulsan un proyecto que busca darles un marco legal y garantizar tanto el derecho a la educación inclusiva como mejores condiciones laborales.
La iniciativa ya fue presentada en el despacho de la diputada Mónica González, del Frente Producción y Trabajo, y, si no avanza en la Legislatura, las impulsoras planean llevarla directamente al Poder Ejecutivo. Paralelamente comenzaron una campaña para reunir firmas, tanto de manera online como presencial.
“Este proyecto de ley nació por el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Garantiza que ningún estudiante quede excluido de la educación por falta de apoyo educativo y que nosotros, los DAI, tengamos un respaldo profesional para lograr estabilidad laboral. Hoy no tenemos una norma que sustente nuestra figura”, explicó Valeria Albarracín, profesora de Nivel Inicial, DAI e impulsora del proyecto.
El financiamiento de las DAI
Actualmente, muchas de estas profesionales trabajan bajo un sistema financiado por obras sociales o mediante subsidios otorgados a las familias desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Esa modalidad, afirman, genera incertidumbre permanente.
“En la mayoría de las obras sociales ingresamos como prestadoras y terminamos cobrando dos o tres meses después. Nos manejamos con un nomenclador nacional que contempla 32 horas mensuales y ronda los 465.000 pesos. En algunos casos las familias tienen que hacerse cargo de la diferencia”, señaló.
Según explicó Albarracín, uno de los problemas más frecuentes es que la figura del DAI todavía es desconocida tanto por algunas instituciones educativas como por muchas familias.
“En muchos lugares de San Juan el estudiante no puede ingresar a la institución si no va acompañado por un DAI. Sin embargo, muchas familias no entienden cuál es nuestro rol y en algunos establecimientos tampoco. Terminamos realizando tareas escolares o extracurriculares que no nos corresponden y justamente eso es algo que la ley busca ordenar”, sostuvo.
Las funciones de las DAI
El proyecto define con precisión las funciones del Docente en Apoyo a la Inclusión y reconoce la complejidad de una tarea que requiere formación permanente. Las DAI acompañan a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), TDAH, TOC, retraso madurativo, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje, hiperacusia, esquizofrenia de inicio temprano y otras condiciones que requieren estrategias pedagógicas específicas.
Además de trabajar junto al docente del aula, deben adaptar contenidos, elaborar estrategias individualizadas, mantener contacto con las familias, coordinar acciones con equipos terapéuticos y documentar todo el proceso educativo. Pese a esa responsabilidad, muchas desarrollan su actividad sin estabilidad laboral ni reconocimiento dentro del sistema educativo.
El proyecto de ley fue redactada por Carlos Bianchi, estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencias Políticas. “Tenemos mucha fe de que salga porque somos alrededor de 6.000 DAI y hoy estamos en una nube, no tenemos un sustento, no tenemos nada“, afirmó Albarracín.
Uno de los aspectos que también busca modificar la iniciativa es la dependencia casi exclusiva de las obras sociales para financiar estos apoyos. Ese esquema provoca que muchos estudiantes queden sin acompañamiento al inicio del ciclo lectivo mientras esperan la renovación de trámites, y deja sin cobertura a chicos con diagnósticos que no alcanzan los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque igualmente necesiten apoyo escolar.
Para las impulsoras, el objetivo es claro: que la inclusión deje de depender de trámites administrativos o de la capacidad económica de las familias y pase a formar parte del sistema educativo formal, con reglas claras para todos los actores.
“Nosotras tenemos esperanza. Queremos que se reconozca nuestra profesión y que ningún estudiante se quede sin el apoyo que necesita para ejercer su derecho a la educación“, concluyó Albarracín.
(La Provincia SJ)