La investigación por las armas surgió porque en un operativo narco en Salta encontraron una pistola registrada en la Policía de San Juan
En un operativo narco en Salta, la policía de esa provincia encontró una pistola 9mm y, en el marco de la investigación, al solicitar información sobre su procedencia, el Renar (Registro Nacional de Armas) arrojó que pertenece a la Policía de San Juan. Ese llamativo hecho fue el puntapié para que dentro de la fuerza local se despliegue un amplio inventario en el que, entre otros puntos, cada uniformado ha tenido que notificar qué arma tiene en su poder, el modelo y número de serie, y en el que se presume que en la fuerza desaparecieron 150 pistolas que fueron adquiridas en 2022. El caso que causó revuelo fue confirmado por fuentes oficiales, luego de que el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, indicara en rueda de prensa que San Juan recibió “un oficio de una provincia del Norte” en el que se indica que el arma encontrada en una investigación “pertenecería a la Policía de San Juan”.
Las fuentes oficiales fueron las que confirmaron que fue la Justicia salteña la que, hace al menos una semana, envió un oficio a la provincia, documento en el que comunicó que en un operativo vinculado a un hecho de narcotráfico se encontró una pistola y que, al solicitar la información oficial, el organismo nacional que aplica, controla y fiscaliza las armas en el país indicó que pertenece a la Policía de San Juan. Si bien Delgado no se refirió puntualmente a esos datos, sí confirmó que “hay un oficio que ha mandado una provincia del Norte donde, a raíz de una investigación, que está haciendo en esa provincia a “saltado” un arma que participa de un delito y que, de acuerdo a la información del Renar, esa arma pertenecería a la Policía de San Juan”.
En esa línea, el secretario de Seguridad y Orden Público local indicó que “a fin de determinar la trazabilidad de esa arma se está haciendo el inventario correspondiente en la Policía de San Juan y una vez que tengamos los resultados, lo primero que se va a hacer es contestar el oficio y, si surge otra novedad, vamos a actuar en consecuencia”.
Fuentes allegadas a la fuerza indicaron que hace unas dos semanas hubo una notificación a todos los miembros de la Policía para que indiquen qué armas están utilizando, sus características y número de serie. A su vez, según publicó Tiempo de San Juan, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, dispuso la remoción de toda la División Armamento. los efectivos trasladados fueron el suboficial principal Mauricio Javier Ríos, enviado a la Unidad Coordinadora de Departamentales; la cabo primero Laura Verónica Aballay, destinada a la Sección Comunal N° 1 Centro; y el cabo primero Javier Darío Lucero, reasignado a la Departamental 7 Oeste. También fueron removidos el cabo primero Martín Hernán Villalobos, el cabo Carlos Andrés Chaves, el cabo Franco Miguel Troncoso y el cabo Franco Gabriel Tejada, quienes fueron destinados a distintas dependencias policiales.
Sobre la investigación interna, el secretario de Seguridad dijo que “en no más de una semana” habrá resultados, por lo que en ese momento se sabrá con certeza si en la Policía faltan armas y qué cantidad. Además, se responderá el oficio judicial y se “actuará en consecuencia”. Delgado también explicó que la Policía “cuenta con un registro de ingreso de armas, hay una trazabilidad porque se sabe a qué dependencia van y también una trazabilidad sobre a quién se le asigna cada arma”. De esa manera, dijo que “no existe una imposibilidad administrativa para determinar la cantidad de armas que ingresan, que se compran, que ingresan a la Policía y la ubicación de cada una de ellas”.
La frase del funcionario es porque se presume que existe un faltante de 150 armas en a Policía de San Juan, una cantidad que formó parte de un lote de 500 unidades que el Gobierno adquirió en 2022. Al parecer, no se descarta que parte del armamento pueda permanecer almacenado sin haber sido incorporado formalmente al sistema de registro. En caso de que las pistolas no sean ubicadas, la investigación podría avanzar con una denuncia penal por un posible robo o desvío de armas.
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