Bajo la consigna "El 6 de agosto, todo el pueblo en la calle", diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias de San Juan convocaron a una movilización para este jueves en la Ciudad. La marcha busca expresar un contundente rechazo al paquete de reformas que impulsa el Gobierno nacional sobre la Ley de Tierras Rurales, al advertir que la medida favorece la extranjerización del suelo, promueve los desalojos y debilita la protección ambiental y del agua.
Movimientos sociales de San Juan marcharán contra el proyecto de propiedad privada impulsado por Milei
La concentración principal se llevará a cabo a las 16:00 horas en la Plaza 25 de Mayo, para luego dar inicio a la movilización por las calles céntricas a partir de las 18:00.
La advertencia de la UNSJ: "Es un riesgo enfrentar a las provincias"
En el marco del debate legislativo en el Senado, el investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Hugo Tejada, analizó los alcances del proyecto e hizo hincapié en que sus efectos no se limitan a la Patagonia, sino que impactarán directamente a San Juan.
Tejada advirtió que flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros podría generar una competencia desleal entre las provincias para atraer inversiones a costa de reducir controles legales. "Este tipo de proyectos enfrenta a las provincias entre sí. La experiencia internacional muestra que eso termina bajando las regulaciones y deja de lado gran parte del trabajo legislativo construido durante los últimos 40 años", sostuvo en diálogo con Canal 8.
Asimismo, el especialista remarcó que San Juan cuenta con un modelo que demuestra que no es necesario transferir la propiedad del suelo para recibir capitales: "La actividad minera demuestra que podemos recibir inversiones y aprovechar nuestros recursos, pero manteniendo la capacidad de decidir cómo se explotan y cómo se beneficia la provincia".
Actualmente, el oficialismo en el Congreso busca consensuar un borrador que eleve el límite de propiedad extranjera sobre tierras rurales del 15% al 25% por provincia, un punto clave que mantiene en alerta a las organizaciones locales.