San Juan figura entre las provincias con mayor presencia de tierras rurales en manos extranjeras
San Juan integra el grupo de provincias argentinas con mayor cantidad de tierras rurales en manos de extranjeros. De acuerdo con el informe citado en el relevamiento sobre extranjerización de tierras, la provincia registra 887.370 hectáreas bajo titularidad extranjera, equivalentes al 10,36% de su superficie rural.
Por volumen de hectáreas, San Juan se ubica en el cuarto lugar del país, detrás de Santa Cruz, Salta y Mendoza. Pero al observar la proporción sobre la superficie rural total, también aparece entre las jurisdicciones con niveles más altos de extranjerización.
La situación departamental muestra diferencias marcadas. Iglesia concentra cerca de 450.000 hectáreas en manos extranjeras, alrededor del 25% de su superficie rural, por encima del límite legal del 15%. En San Martín, unas 10.600 hectáreas están en manos extranjeras y representan aproximadamente el 20% del total rural del departamento.
En Pocito, la superficie alcanza unas 7.000 hectáreas y equivale a cerca del 13%. También se destaca Calingasta, con alrededor de 260.000 hectáreas rurales en manos de extranjeros y una proporción cercana al 12%. En Jáchal, la propiedad extranjera abarca unas 125.485 hectáreas, equivalentes al 9% de su superficie rural.
El informe remarca que la mayor concentración de tierras extranjerizadas del país se da sobre la cordillera o en zonas próximas. En ese esquema, varios departamentos que superan el límite legal del 15% coinciden con áreas consideradas estratégicas por sus reservas de cobre, litio y oro, además de recursos hídricos y pasos internacionales.
Dentro de ese mapa aparece Iglesia, uno de los casos más relevantes de San Juan por su ubicación cordillerana y su potencial minero. La misma lógica se repite en otras provincias de la región, con referencias a General Lamadrid, en La Rioja, y Tinogasta, en Catamarca, donde confluyen proyectos mineros de gran escala o un alto potencial geológico.
El debate se da en paralelo a la reforma impulsada por el Gobierno de Javier Milei sobre el régimen que regula la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros. La normativa vigente fija un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera, tanto a nivel nacional como provincial y departamental.
En ese contexto, los integrantes del bloque Convicción Federal, el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza, presentaron un dictamen alternativo y rechazaron la reforma propuesta por el Gobierno nacional. Los legisladores sostuvieron que la discusión no debía limitarse a la propiedad de la tierra, sino incluir también los recursos estratégicos de las provincias y el desarrollo de las economías regionales.