El Gobierno profundizó los controles migratorios y reforzó las herramientas para detectar extranjeros irregulares
El Gobierno nacional profundizó los controles migratorios en distintos puntos del país y avanzó con cambios destinados a detectar extranjeros en situación irregular. La estrategia combinó operativos territoriales con las fuerzas federales, un refuerzo de las áreas que intervienen en expulsiones y nuevas herramientas tecnológicas para cruzar información.
La Dirección Nacional de Migraciones definió las zonas de los procedimientos a partir de tareas de campo y análisis operativo sobre lugares con mayor concentración o circulación de extranjeros. Los despliegues se coordinaron con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Uno de los últimos operativos de mayor despliegue se realizó en Rosario, donde Migraciones y la Policía Federal movilizaron cerca de 60 agentes y controlaron a unas 420 personas. Según fuentes oficiales, se detectaron ocho extranjeros con irregularidades migratorias y entre ellos se identificó a un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión.
La respuesta de las autoridades dependió del tipo de irregularidad detectada. En casos de permanencia vencida o trámites de residencia pendientes, Migraciones pudo intimar a la persona a regularizar su situación. Cuando se comprobó un ingreso ilegal, en cambio, pudo iniciarse un procedimiento migratorio que derivara en una expulsión.
El marco para estos controles se amplió a partir del DNU 366/2025, que facultó a Migraciones a solicitar la acreditación de identidad y situación migratoria y a organizar procedimientos de inspección y fiscalización.
La normativa también estableció que quienes ingresaran al país por un paso no habilitado o evitaran el control migratorio podían quedar sujetos a expulsión. Además, habilitó el rechazo en frontera cuando el ingreso irregular fuera detectado en flagrancia.
Más controles junto con las fuerzas federales
La estrategia se reforzó en junio con la creación del Programa de Seguridad Migratoria, mediante la Resolución 551/2026. La medida estableció una coordinación entre Migraciones y la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA.
También dispuso la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de esas fuerzas, destinadas a tareas de prevención, detección e investigación de delitos vinculados con cuestiones migratorias y al apoyo de los procedimientos realizados por el organismo.
Los operativos ya se habían desplegado en diferentes provincias. En abril, PFA, Migraciones y Gendarmería controlaron a 423 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular. El procedimiento continuó posteriormente en Tartagal.
En julio, Gendarmería detectó en Misiones a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registro de ingreso legal al país. Migraciones dispuso luego su salida hacia Brasil.
El Gobierno reforzó el área de expulsiones
En paralelo, el Ejecutivo modificó la estructura interna de Migraciones para fortalecer las áreas relacionadas con extranjeros judicializados y procesos de expulsión.
Javier Rea, quien estaba al frente de la Dirección de Extranjeros Judicializados, fue designado subdirector nacional de Migraciones desde el 16 de junio. A su vez, Facundo Soria pasó de coordinar el área de Extranjeros No Detenidos a conducir Extranjeros Judicializados.
El organismo también avanzó con una reorganización tecnológica y administrativa. Uno de los proyectos fue RECOBA, un sistema destinado a integrar información sobre tasas, multas y deudas, automatizar conciliaciones y reducir procedimientos manuales.
Migraciones además abrió una contratación por 36 meses para gestionar información API y PNR de pasajeros que ingresaran o salieran del país a través de aeropuertos internacionales y terminales de cruceros.
Ese mecanismo se complementó con SICaM, la plataforma de control migratorio que permite cruzar movimientos con información de Interpol y datos anticipados proporcionados por las empresas de transporte.
Nuevas alertas para reforzar la detección
Este año también se creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que integró a Migraciones, las cuatro fuerzas federales y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El sistema permitió cruzar información proveniente de distintas bases de datos, entre ellas API-PNR, Interpol y SIFCOP. A partir de esos cruces, las autoridades pudieron generar nuevas alertas mediante análisis de riesgo.
En julio, Migraciones también estableció que todo su personal debía firmar un nuevo compromiso de confidencialidad y uso de la información. La medida alcanzó datos personales, movimientos migratorios, antecedentes, medidas judiciales y actuaciones administrativas.
El endurecimiento de los controles se complementó con una modificación legal. El DNU 681/2026 incorporó como causal para impedir el ingreso o cancelar una residencia los casos en los que un extranjero hubiera dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra argentinos por su nacionalidad, o participado en ultrajes contra símbolos patrios.
El Gobierno buscó incorporar esa causal al sistema de alertas migratorias que ya utilizaba Migraciones. De esta manera, el antecedente podría quedar asociado a una persona y aparecer en los sistemas consultados por los inspectores al momento de un ingreso al país.
Todavía quedaban por definir aspectos vinculados con el funcionamiento de ese mecanismo, entre ellos quién generaría las alertas, qué evidencia sería necesaria para incorporarlas y qué instancia debería validarlas.