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"Tomé la decisión de retener los expedientes en la oficina cobrando mi sueldo completo. Mis compañeros no tienen nada que ver en la demora de los mismos, fue mi responsabilidad", declaró una empleada pública de San Juan que fue echada de la Administración Pública luego de retener los expedientes provenientes de sentencias judiciales que solicitaban el embargo de sueldos de ella y de dos de sus compañeros.
Se trata de la agente Roxana Elizabeth Esteban, quien se desempeñaba en el agrupamiento administrativo sanitario como jefe de esa unidad en la Sección Legajo, departamento personal, Nivel Central.
La investigación se inició, de acuerdo a lo que se publicó en el Boletín Oficial, como consecuencia de una denuncia formulada por la contadora pública nacional Mónica Montemurro, en su carácter de Directora Administrativa del Ministerio de Salud Pública, respecto de la inconducta de la agente Esteban.
La irregularidad detectada consiste en la demora de expedientes referidos a embargos de sueldos del personal. La autoridad en ejercicio de las facultades establecidas por la legislación vigente ordenó que se iniciara un sumario administrativo el 28 de enero de 2020 a los fines de esclarecer las causas que dieron lugar al hecho denunciado y deslindar responsabilidades.
En la resolución, que lleva la firma del gobernador Sergio Uñac, mencionaron que se dio cumplimiento con las etapas del procedimiento sumarial asegurando el ejercicio de derecho a defensa y el debido proceso.
Entre los argumentos sostuvieron que la agente no presentó los servicios con eficiencia, capacidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinan las disposiciones reglamentarias correspondientes. Además, sumaron que no observó en el trabajo y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que el Estado exige.
De las pruebas se desprende que la agente echada demoraba injustificadamente los expedientes ingresados con órdenes judiciales (sentencias) para trabar embargos en las liquidaciones de sueldos de ella, como así también de dos compañeros: Ana María Rafaela Álvarez y José Daniel Córdoba.
Estas demoras estaban infundadas y quedaron reflejadas en los movimientos de los expedientes del sistema integrado de recepción y envíos de documentos. Señalaron que su accionar fue negligente, omitiendo cumplir con sus labores en tiempo.
La agente aludida reconoció su error diciendo que "tomó una mala decisión de retener los expedientes". Dejó a salvo a sus compañeros. La Asesoría Letrada sugirió aplicar la sanción de cesantía a la agente debido a las faltas reiteradas en el cumplimiento de sus obligaciones y la violación de las prohibiciones. Esto fue lo que finalmente resolvió el gobernador cuando la echó de sus funciones.
Fuente: TELESOL
