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El Ejecutivo nacional formalizó este martes una reestructuración en el Ministerio de Economía a través del Decreto 70/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida, respaldada con la firma del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, introduce modificaciones en la organización de la cartera económica, lo que implica la eliminación y fusión de diversas áreas.
Uno de los cambios más significativos es la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, junto con sus respectivas subsecretarías. Sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Obras Públicas, que sumará a sus responsabilidades la integración socio-urbana y la infraestructura habitacional. En este proceso, el personal afectado será reasignado o, en algunos casos, desvinculado según la normativa vigente.
Por otro lado, la Subsecretaría de Integración Sociourbana no fue eliminada, pero sus objetivos han sido reformulados y ahora opera bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas.
El nuevo esquema ministerial también prevé la creación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, la cual contará con distintas subsecretarías enfocadas en áreas específicas del sector energético, como energía eléctrica, combustibles líquidos y gaseosos, así como planificación y transición energética.
En el ámbito productivo, la Secretaría de Industria y Comercio concentrará la gestión de políticas vinculadas a la industria, el comercio exterior y la defensa del consumidor, con la intención de fomentar el desarrollo productivo y potenciar la inserción de Argentina en los mercados internacionales.
Asimismo, la reforma contempla una reorganización en la Secretaría de Transporte, que se segmentará en subsecretarías especializadas en transporte automotor, ferroviario y aéreo, con el propósito de optimizar la regulación y coordinación de estos sectores estratégicos.
Por último, la Secretaría de Hacienda conservará su rol esencial en la administración de los recursos públicos, con áreas específicas encargadas del Presupuesto, Ingresos Públicos y Coordinación Fiscal Provincial, con el objetivo de mejorar la relación financiera entre el Estado nacional y las provincias.
