Plan para incentivar el uso de dólares no declarados en Argentina: ¿Cómo es?

El Gobierno dio a conocer los detalles de las medidas. El objetivo es remonetizar la economía con ahorros no declarados de los argentinos. Entrará en vigencia desde el 1 de junio.

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El Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa ambiciosa para "desempolvar" los dólares que, según estimaciones, superan los USD 200.000 millones y se encuentran fuera del sistema formal. El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo, presentaron el plan que se divide en dos fases: una por decreto y otra mediante un proyecto de ley.

La primera etapa, de acciones inmediatas, ya está siendo implementada por el Ministerio de Economía, el Banco Central y la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El plan se basa en un "cambio de paradigma", donde el Estado deja de presumir culpabilidad sobre los ciudadanos por el uso de su dinero, bajo el lema: "lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras".

Detalles de las medidas anunciadas

El paquete de medidas busca simplificar el cumplimiento tributario, reducir la carga burocrática y garantizar la libre disposición del ahorro privado. A continuación, un resumen de las principales acciones:

Derogación de regímenes informativos:
Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales: Las administradoras ya no informarán a ARCA las compras realizadas con estos medios de pago, resguardando la privacidad de los consumos.
CITI Escribanos: Los escribanos ya no tendrán que reportar operaciones notariales a ARCA.
Compra-venta de vehículos usados: Los concesionarios dejarán de reportar estas operaciones.
Pagos de expensas: Las administradoras de consorcios no informarán más montos desde los $32.000.
Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI): Ya no se reportarán propiedades en venta.
Consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía: Los proveedores no deberán reportar más estos datos.
Se prohibió a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales.
Actualización de montos de umbrales para el reporte de operaciones financieras:
Transferencias y acreditaciones bancarias: El monto mínimo para informar pasa de $1 millón a $50 millones.
Extracciones en efectivo: Se informarán a partir de $10 millones para personas jurídicas.
Saldos al último día del mes: El umbral se eleva a $50 millones para cualquier tipo de cuenta y a $30 millones para personas jurídicas.
Plazos fijos: Se informarán desde los $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.
Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: El monto mínimo pasa de $2 millones a $50 millones, y desde $30 millones para personas jurídicas.
Tenencias en Alycs: Se informarán desde $100 millones y desde $30 millones para personas jurídicas.
Información comercial:
Compras de consumidor final: Se informarán desde los $10 millones para todos los medios de pago.
Nuevo régimen simplificado de Ganancias
Se reemplazó el régimen tradicional por uno basado en facturación y gastos deducibles, eliminando la obligación de informar consumos personales y variaciones patrimoniales. Los contribuyentes recibirán una propuesta automática del impuesto a pagar, que podrán aceptar o modificar. La adhesión será voluntaria desde el 1 de junio y la nueva declaración se aplicará al ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026

Implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA)

El BCRA impulsará un Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) para reducir la carga burocrática y mejorar la calidad de los servicios financieros. Este sistema permitirá a los usuarios tener una vista unificada de sus finanzas, un mayor control y transparencia sobre sus datos, y fomentará la creación de productos personalizados.

Proyectos de ley
Una segunda fase del plan contempla la presentación de un proyecto de ley para blindar a los ahorristas a futuro ante posibles cambios de gobierno o normativas fiscales, y la reducción de plazos de prescripción a través de una reforma en la Ley de Procedimiento Tributario.

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