El Tribunal de Cuentas le imputó al exintendente de Pocito y a exfuncionarios un perjuicio patrimonial por casi $120 millones

Tras analizar el ejercicio 2023 del municipio de Pocito, el Tribunal de Cuentas le formuló 25 cargos al exintendente Armando Sánchez y a parte de lo que fue su gabinete. Es decir, le imputó una batería de presuntas irregularidades administrativas por un total de casi 120 millones de pesos. Así, quedaron señalados como responsables y, ahora, tienen la chance de presentar documentación y hacer sus descargos para tratar de zafar de lo que es un posible perjuicio patrimonial y no tener que poner la plata de sus bolsillos.

La resolución del organismo de control del gasto público trascendió esta semana y el exjefe comunal y los exfuncionarios ya están notificados de la situación, por lo que se encuentran dentro de los plazos para tratar de salvar dichos cargos.

 El Tribunal revisa las cuentas de las reparticiones del Ejecutivo provincial, organismos descentralizados y los municipios. En este caso, la lupa quedó en la comuna pocitana, en el tramo final de la gestión del peronista Sánchez, quien había sido ministro de Desarrollo Humano del gobierno de Sergio Uñac. El exjefe comunal le cedió la posta en diciembre de 2023 a Fabián Aballay. Desde 2003 a la fecha, Pocito es un bastión del uñaquismo.

 Las imputaciones más abultadas son siete. Una de ellas tiene que ver con una adenda (un anexo al convenio original para introducir cambios) al contrato con la empresa Hormigones de Cuyo por el proyecto de repavimentación de calle Maurín, entre Calle 7 y 10. En la documentación existente, no figura la base de cálculo de la redeterminación de precios, sumado a que se autorizó el pago de cerca de 49,8 millones de pesos. Además, no consta la certificación de los trabajos.

 Por esa razón, quedaron en la mira el exintendente Sánchez, el entonces secretario de Administración y Hacienda, Claudio Collado Moll, y el exsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Luis Martín.

Otro cargo oneroso está vinculado a la contratación directa de las empresas Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk Sas para la colocación de juegos y elementos deportivos que habían sido entregados por la Secretaría de Deportes de la provincia. De acuerdo a lo que revisó el Tribunal, no están los contratos, sólo está el certificado por la obra realizada por Yohmelju y no están las facturas conformadas.

 Figuran la autorización de tres pagos por casi 16 millones de pesos, que es el monto que constituye la imputación contra el exjefe comunal, el entonces secretario de Hacienda, la exsecretaria de Acción Social, Lucía Altamirano; y el exdirector de Deportes, Néstor Font Oliver.

Luego, aparece el pago de un operativo de limpieza y riego durante seis meses, en la que se utilizaron una serie de movilidades. En ese caso, no constan los contratos firmados con los beneficiarios, ni las facturas conformadas con la certificación de los servicios prestados, ni los registros que justifiquen tal gasto, el cual ascendió a poco más de 9 millones de pesos. En ese caso, los señalados como responsables son Sánchez, Collado Moll y Martín.

 También se encuentran dos cargos que giran en torno a los 6 millones de pesos. Uno de ellos tuvo que ver con el gasto en materiales y mano de obra para renovación de espacios verdes con la firma Más Negocios. Según consta en la resolución, no está aclarada la recepción de los materiales, sumado a que la factura existente no está conformada.

El otro está ligado a la adquisición de equipamiento para dos plazas. La empresa beneficiada fue Crucijuegos, aunque, de acuerdo al fallo, no se encontraba entre las que tenían autorización para ser parte de una contratación directa. Además, no hay constancias de la recepción de los bienes y tampoco figura que se hayan registrados en el inventario.

 Después, hay dos imputaciones que giran sobre los 5 millones de pesos. La primera, el pago por una obra de enripiado, en la que no está la firma de contrato, no aparece la certificación de los trabajos y tampoco la contratación de seguros para el personal ni retenciones a la seguridad social, cuando en el presupuesto se indicó que las tareas requerían de mano de obra.

La segunda es por la contratación de un servicio de catering para la fiesta de Santa Bárbara. El trámite de pago se realiza a través de un reconocimiento de gastos, autorizado por un decreto en el que no figura el monto. Luego, aparece una factura sin conformar.

 Son los principales cargos que formuló el Tribunal, ya que hay otros de menor cuantía, pero que, en la totalidad, alcanzan los 120 millones de pesos. Si los señalados como responsables logran justificar las erogaciones a través de documentación, zafan de las imputaciones y la cuenta 2023 termina aprobada.

En cambio, si no pueden dar respuestas, en todo o en parte, el organismo los declarará como responsables del perjuicio patrimonial. Ante esa resolución, pueden pedir una reconsideración ante el mismo Tribunal y, si obtuviesen otro revés, les queda la chance de acudir a la Corte de Justicia. Si hay un fallo en contra, Fiscalía de Estado queda en condiciones de ejecutar y cobrarse la deuda en el municipio.