
La Cámara de Diputados de San Juan declaró la emergencia hídrica provincial el 11 de diciembre. La medida busca implementar acciones urgentes para proteger el agua ante la situación crítica en la provincia.
El proyecto de Ley, presentado por el gobierno de Marcelo Orrego ante la Legislatura, prioriza el equilibrio fiscal, la inversión en servicios sociales (Educación lidera con el 50,89%) y asigna cerca de $311 mil millones a los municipios.
San Juan11/12/2025
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El Ministerio de Economía envió el proyecto de ley de presupuesto 2026 a la Cámara de Diputados y, entre los distintos datos, aparece el rubro viviendas como uno de los focos de la gestión orreguista. La iniciativa señala que el Ejecutivo planea terminar el año que viene unas 1.550 viviendas y empezar otras 1.800. No es lo único, ya que se establece el regreso de los créditos del IPV. El texto señala que “se calcula que serán financiadas un total de 300 nuevas construcciones, además de continuar con la financiación de las que se encuentran en ejecución”. Para ello, el organismo “tiene previsto otorgar préstamos” por casi 10 mil millones de pesos.
El número fino de la ley de leyes contempla un total de gastos y recursos por 3.119.092.552.000 pesos, es decir, 3,1 billones de pesos, contando las fuentes y aplicaciones financieras. Es decir, un incremento del 32,8 por ciento con respecto al de este año, que fue de 2.347.554.958.000 pesos, o sea, 2,3 billones. El aumento va a tono con la inflación acumulada de 2025. Hasta octubre, la cifra dio una suba de los precios del 24,8 por ciento, cuando resta el índice de este mes y de diciembre.
El presupuesto destina 1.687.598.961.000 pesos (1,6 billones), el 54,1 por ciento del total, en lo que denomina Servicios Sociales. El proyecto resalta “las principales funciones a las que se destina prioritariamente la inversión pública provincial para el próximo ejercicio” en dicho rubro (Ver infografía).

Dentro de la categoría Servicios Sociales, el podio se lo lleva “Educación y cultura” con el 50,89 por ciento de ese monto. La iniciativa destaca, en materia educativa, el fortalecimiento de los programas “Comprendo y Aprendo”, “Transformar la Secundaria” y “Cuentas Claras”, además de obras de infraestructura.
Clave. Dentro del rubro Servicios Sociales, se ve la fuerte apuesta de la gestión orreguista en educación, salud y vivienda, entre otros.
El segundo rubro con mayor inversión es Salud, con el 32,03 por ciento del total de Servicios Sociales. En materia sanitaria, se resalta la continuidad del desarrollo del “Plan Estratégico”, sumado a la “adquisición de equipamiento médico y mobiliario necesario para la inauguración de obras claves como el Nuevo Instituto Odontológico, Hospital de Angaco y Hospital de Caucete”.
Luego, están otros ítems como Promoción y asistencia social, Deportes y recreación, Agua potable, Desagüe, Alcantarillado y Vivienda y urbanismo. Este último se lleva poco más de 137 mil millones de pesos, el 8,12 por ciento de Servicios Sociales.
Además, la construcción de casas está dentro de los gastos de capital, específicamente, en lo que se denomina Inversión Real Directa. Ese ítem contiene un total de 389.211.628.000 pesos, en el que “los proyectos de inversión más relevantes” son los que realizarán la Subsecretaría de Obras Públicas, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y la Dirección Provincial de Vialidad, señala la iniciativa. Por definición, la Inversión Real Directa es lo que estrictamente se destina a obra pública. Así, el porcentaje es del 12,47 por ciento del total del presupuesto.
Entonces, el texto del proyecto recuerda “la eliminación de todo aporte por parte del Gobierno Nacional a la construcción de viviendas, las cuales eran financiadas por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación”, por lo que “el Gobierno de San Juan prevé culminar la construcción de esas viviendas con fondos propios, como, así también, iniciar la construcción de nuevos barrios y finalizar los que ya se encuentran en ejecución”.
De esa manera, se subraya que en 2026 se “proyecta culminar con todas las obras en curso, las que ascienden aproximadamente a unas 1.550 viviendas, y empezar la ejecución de unas 1.800 para ser entregadas en 2027”.
Además, en la iniciativa se resalta la vuelta a los créditos del IPV a través de la conocida “Asistencia Financiera para la construcción individual de viviendas, por parte de quienes posean un terreno a su nombre”. Los préstamos del organismo fueron suspendidos casi al inicio de la gestión orreguista, debido al fuerte ajuste del Gobierno nacional libertario en materia de obra pública en general y en casas en particular. Eso llevó a la administración local a que le imprimiera un freno para analizar las cuentas y focalizarse en la continuidad de las obras que estaban en marcha.
Así, en el presupuesto se remarca que “se calcula que serán financiadas un total de 300 nuevas construcciones, además de continuar con la financiación de las que se encuentran en ejecución”.
Los créditos del IPV se encuentran dentro del rubro Inversión Financiera de los Gastos de Capital. En ese marco, en el proyecto se refleja que el IPV “tiene previsto otorgar préstamos para la construcción de viviendas por 9.948.462.000 pesos”.
De esa forma, se ven los ejes de la gestión orreguista, que el propio Gobernador los ha resaltado: el foco en educación, salud, viviendas y seguridad. Este último punto, central en toda administración, está desglosado en un ítem aparte e individual en el mensaje del presupuesto.
El Gobierno destinará en Seguridad un total de 246.640.543.000 pesos para sostener el plan, el cual, según detalla la iniciativa, “estará enfocado en tres pilares: innovación tecnológica, infraestructura y capacitación. Asimismo, se destaca la construcción de la Comisaría Barrio Las Pampas, en Pocito, entre otras.
Después, el presupuesto contiene un sinnúmero de datos interesantes. Entre los recursos estimados, por 3.106.169.530.000 pesos, sin contar las fuentes financieras, “los de mayor relevancia” son “los recursos tributarios, por 2.685.208.193.000 pesos”, que representan el 86,45 por ciento del total. Dentro de los ingresos tributarios, los que provienen de “jurisdicción nacional” suman 2.294.260.900.000 pesos, lo que representa un 85,4 por ciento. Si la comparación es con el total de los recursos, el porcentaje es del 73,86.
Sea como fuese, la cifra revela la dependencia histórica de los presupuestos provinciales de los ingresos nacionales, que se distribuyen a través de la coparticipación federal de impuestos. A su vez, los fondos por la recaudación de impuestos provinciales llegan a 390.947.293.000 pesos de los recursos tributarios, es decir, el 14,6 por ciento.

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