INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Penal Juvenil que modifica la edad de imputabilidad, dejándola en 14 años. En ese contexto, luego de un intenso debate, se procedió a la votación que dio como resultado 149 sufragios a favor, y 100 en contra, sin ninguna abstención.
Cabe destacar que, los legisladores sanjuaninos que integran la Cámara Baja votaron en distintas direcciones: 4 afirmativos y 2 negativos. Del lado de los que apoyaron el proyecto de ley que implusa el presidente Javier Milei, se ubicaron José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, más la elección de Nancy Picón y Carlos Jaime, ambos de Producción y Trabajo.
Mientras que, en contrapartida lo hicieron los justicialistas Jorge Chica y Cristian Andino.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.
Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
