INFOVALLEFERTIL INNOVA CJREl proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo ingresó en una fase clave dentro del trámite legislativo en el Congreso de la Nación Argentina. Luego de obtener media sanción en el Senado de la Nación Argentina, la iniciativa fue tratada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde recibió aprobación general pero con modificaciones sustanciales.
Debido a estos cambios —que incluyen ajustes técnicos y la eliminación de artículos controvertidos—, el texto deberá volver al Senado. Allí, los legisladores tendrán la opción de aceptar la versión modificada o insistir con el proyecto original.
A continuación, los principales ejes del nuevo marco regulatorio propuesto para el sector privado:
Se redefine la base indemnizatoria por despido sin causa, que se calculará exclusivamente sobre la remuneración mensual normal y habitual. Quedan excluidos conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones. Además, se establece un sistema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
Se habilita la implementación de un banco de horas mediante acuerdos individuales para compensar horas extras. También se permite pactar vacaciones fuera del período habitual y dividirlas en tramos de al menos siete días consecutivos.
Se crea un fondo destinado a cubrir costos de desvinculación. Será financiado por aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las remuneraciones en grandes empresas y 2,5% en MiPyMEs, con posibilidad de incremento por decisión del Poder Ejecutivo con aval legislativo.
Los convenios colectivos podrán establecer sistemas de capitalización individual para reemplazar la indemnización tradicional. En ese esquema, el trabajador percibe el monto acumulado en su fondo al finalizar la relación laboral.
El período de prueba se extenderá a seis meses para la mayoría de los trabajadores y hasta ocho meses en empresas de hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo puede finalizar sin indemnización, aunque con registración y aportes obligatorios desde el inicio.
Se derogan sanciones previstas por la Ley 24.013 vinculadas al trabajo no registrado. En su lugar, se establece un régimen de regularización que exime de multas a quienes formalicen personal, aunque deberán abonar las deudas salariales y previsionales correspondientes.
Se incorpora el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI) y una reducción de contribuciones patronales a la Seguridad Social: 1 punto porcentual para grandes empresas y 2,5 para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación.
Las empresas podrán cancelar condenas judiciales laborales de forma escalonada. El límite será de hasta seis cuotas mensuales para grandes compañías y hasta doce para pequeñas empresas y empleadores individuales.
Se fijan topes a los aportes previstos en convenios colectivos. Los aportes patronales a asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios desde 2028. Para sindicatos, el límite será del 2% para afiliados y no afiliados.
El registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar la relación laboral. Los libros podrán digitalizarse y deberán conservarse por diez años. Los salarios deberán abonarse exclusivamente por medios bancarios o instituciones oficiales, excluyendo billeteras virtuales.
