INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRLa investigación judicial por el Acueducto Gran Tulum seguirá abierta durante varios meses más. El fuero de Garantías autorizó al equipo fiscal a continuar con diligencias para profundizar el análisis de la documentación reunida y completar medidas que todavía estaban pendientes.
Con esta decisión, el expediente permanecerá en etapa preliminar hasta principios de noviembre. En ese lapso, los investigadores buscarán establecer si las actuaciones administrativas vinculadas a la obra pública presentan irregularidades con posible relevancia penal.
Según fuentes ligadas al proceso, el trabajo de la Fiscalía está centrado en reconstruir el circuito administrativo que acompañó el desarrollo del proyecto. Para eso, se revisan expedientes, resoluciones, mecanismos de contratación, procedimientos licitatorios, controles internos y antecedentes vinculados a una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en la provincia.
Desde la Fiscalía aclararon que, por ahora, el análisis no apunta a cuestiones técnicas sobre los materiales usados en la construcción. La prioridad es verificar si en las distintas etapas de gestión se cumplieron los procedimientos previstos por la normativa vigente y si hubo decisiones que justifiquen una investigación penal más profunda.
La ampliación de los plazos se resolvió después de una audiencia en la que también se trataron cuestiones procesales sobre la participación de representantes legales interesados en seguir la evolución de la causa. Luego de cumplir las formalidades, la magistrada hizo lugar al pedido presentado por los fiscales a cargo del expediente.
Esta nueva etapa será clave para el rumbo del proceso. Durante estos meses seguirán incorporándose informes, documentación oficial y posibles testimonios para completar el panorama sobre cómo se administró el proyecto desde su planificación hasta su ejecución.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, esta extensión es la última posibilidad de prórroga dentro de la fase preparatoria. Al terminar ese plazo, los investigadores deberán tomar una definición concreta sobre el expediente.
Entre las opciones que maneja el Ministerio Público están avanzar hacia una formalización de la investigación respecto de posibles responsables, pedir el archivo de las actuaciones o impulsar otra salida procesal prevista por la legislación vigente.
El caso despertó especial atención por la magnitud económica y estratégica del Acueducto Gran Tulum, pensado para reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable en distintos departamentos de San Juan. También es considerado una obra clave para acompañar el crecimiento demográfico y productivo de la provincia.
Mientras tanto, la investigación seguirá enfocada en el análisis de expedientes, contratos y actos administrativos. El objetivo es determinar si las decisiones tomadas durante el desarrollo de la obra se ajustaron a derecho o si existen elementos suficientes para avanzar a una instancia procesal superior.
Con el nuevo plazo concedido, la causa continuará atenta a las conclusiones que puedan reunir los fiscales en los próximos meses, en un expediente que todavía no tiene una definición final.
